La pregunta más difícil sobre el acuerdo sellado entre la Comisión Europea (CE) y el Mercosur en Montevideo este mes es si se aplicará y cuándo, pero en el ámbito de la agroalimentación española el interrogante es si quieren o no que se implante y a qué sectores beneficia.
Las organizaciones agrarias y cooperativas españolas han recibido el pacto con rechazo, y algunas de ellas se concentrarán en Madrid este mismo lunes; sin embargo, hay subsectores que ven oportunidades, unas ventajas parciales defendidas por la CE y el Gobierno español.
El sector agroalimentario se hace eco de la incertidumbre general europea sobre su ratificación en la UE. “El calendario es más político que real”, señaló a EFE el director general de Cooperativas AgroAlimentarias, Gabriel Trenzado.
La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) se manifestarán contra la política comercial de la UE; los agricultores ses llevan protestando desde hace semanas y a escala comunitaria los productores rechazan tanto la última versión del acuerdo como la inicial pactada en 2019.
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Según Asaja, el problema radica en la “competencia desleal” que genera el acuerdo y no tanto en las consecuencias de la apertura a las importaciones. Citan, como ejemplo, el empleo de fitosanitarios que han sido prohibidos en la UE para la remolacha y los cítricos, o el uso en Brasil de hormonas de crecimiento de ganado o los controles avícolas.
En la pesca, la balanza comercial es deficitaria para España, si bien la liberalización podría “beneficiar al abastecimiento de materia prima” para la industria, según reconocieron a EFE fuentes de la patronal de conservas de pescado Anfaco.
Sin embargo, en el caso de los principales productos pesqueros exportados desde España a Mercosur, las conservas de atún y de mejillón se excluyen de la liberalización.
Según las cooperativas, en el caso de que se aplique el acuerdo habría que ver si los protocolos de exportación se implantan para todo el bloque o hay que negociar “país por país”. “Sobre el papel, no le vemos las oportunidades”, según Trenzado.
La UE necesita 15 Gobiernos a favor que representen un 65% de la población comunitaria para ratificar el acuerdo. Francia lidera las naciones contrarias y, según fuentes del sector, también hay reticencias en Italia, Irlanda, Bélgica, Holanda, Austria y Polonia.
España y Alemania están entre los partidarios de que salga adelante.
También debe ratificarlo el Parlamento Europeo, y está por determinar si la estructura legal del acuerdo demandará que el pilar comercial deba recibir el visto bueno de los parlamentos nacionales de los 27, que ampliaría la posibilidad de vetos.
Fuente: EFE
