La empresa de energía Eletrobras tiene luz verde para su privatización tras la autorización del presidente brasileño Jair Bolsonaro.
El mandatario del vecino país aprobó que “se realicen más estudios para que el proceso pueda ocurrir a través del aumento de capital mediante la suscripción pública de acciones ordinarias o cualquier compañía resultante de reestructuración”.
Según publicó el medio O Globo, igualmente, el proceso de privatización debe ser considerado por el Congreso Nacional del Brasil. Desde el Ejecutivo brasileño esperan que se pueda completar a fin de año, ya con la venia del Parlamento.
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En junio de 2019, el Tribunal Federal Supremo (STF) había prohibido la privatización de las empresas estatales sin la aprobación de los legisladores. La intención de llegar a esa instancia surgió en el Gobierno de Michel Temer.
El Gobierno brasileño está llevando cabo un ambicioso plan de privatizaciones y de recortes fiscales para sanear las cuentas públicas y recuperar la confianza de los inversores.
Eletrobras tuvo un reciente ime con la istración Nacional de Electricidad (ANDE) por no llegar a un acuerdo para la contratación de potencia de la Itaipú Binacional.
La empresa brasileña cuestionó a su par paraguaya por sus niveles de contratación, ya que consideraron que desde hace año se adquiría el mismo porcentaje, pese el aumento del consumo.
Paraguay se beneficiaba de la energía excedente, por lo que adquiría una energía a menor costo en el promedio. Por su parte, Eletrobras abonaba más debido a que contrataba una mayor cantidad de energía garantizada, que es la más cara, por lo que exigía que la ANDE eleve sus niveles de contratación.
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El ex presidente de la empresa estatal paraguaya, Pedro Ferreira, afirmó que hubo mucha presión por parte de los brasileños para la suscripción del acuerdo binacional. Una de las medidas fue la de dejar de pagar USD 54,9 millones a Itaipú en diciembre del 2018 en concepto de venta de energía.
Según Ferreira, esto se repitió en enero y febrero de este 2019. El ex titular presentó su renuncia al estar en desacuerdo con la firma del acta, lo que finalmente se logró a nivel diplomático. El documento dejaba sin efecto los beneficios adquiridos por el país en años anteriores, según los especialistas.
El acuerdo provocó una crisis política en el Gobierno de Mario Abdo Benítez que casi llegó a juicio político tanto para el mandatario, como para el vice Hugo Velázquez. Además, cinco altos funcionarios renunciaron a sus respectivos cargos por este caso.
