La bancada de Honor Colorado dejó sin cuórum la sesión extraordinaria convocada para integrar la comisión especial para el estudio del pedido de intervención a la institución istrada por Juan Carlos Vera, gobernador de Guairá, denunciado por el presunto despilfarro de USD 2 millones.
Como lo habían anunciado, los cartistas dejaron la plenaria para proteger a Vera, que es afín al mismo sector político. De esta manera no se pudo avanzar con el pedido de intervención, que ya fue aprobado en febrero pasado por la Junta Departamental de Guairá.
El caso es una réplica al amparo que recibió el gobernador de Central, Hugo González, en el que también se pone en juicio el uso de fondos para la reactivación económica y ayuda social, en el marco de la pandemia del Covid-19.
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Según los denunciantes, el 80% de las facturas son clonadas. Ante este nuevo hecho de corrupción los concejales presentaron tres denuncias ante el Ministerio Público por varios casos, aunque sin avance. La fiscala del caso es Liliana Alcaraz.
Asimismo, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) intervino la Gobernación, donde se hallaron irregularidades que generaron un perjuicio de USD 1 millón.
La intervención de la SET se dio a raíz de la notificación de la Junta Departamental a la institución, con el fin de que se verifiquen las facturas. Tras el procedimiento, la SET denunció que los funcionarios se negaron a colaborar con los auditores.
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Si bien existe un apoyo de la bancada oficialista para mandar al archivo este pedido de intervención, existen votos divididos, ya que el diputado Éver Noguera, del Departamento de Guairá, tiene una disputa interna con Vera, por lo cual no se tendrían aún los votos para el rechazo a la intervención.
Noguera se encuentra imputado por presuntos negociados en la compra del almuerzo escolar de la Gobernación de Guairá, pero el legislador no fue desaforado, gracias a un pacto entre oficialistas y cartistas.
El argumento de ambas bancadas para mandar al archivo el pedido de desafuero fue que no confiaban en la Fiscalía, por no otorgar garantías y por realizar un persecución política.
Paradójicamente, recientemente las bancadas coloradas se unieron para salvar a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, del juicio político.
La oposición denunció que fue un acuerdo para blanquear al comandante de la Armada, almirante Carlos Velázquez, hermano del vicepresidente Hugo Velázquez, y al diputado Erico Galeano, acusado de vínculos con el narcotráfico.
De la misma forma en diciembre pasado, se mandó al archivo el pedido de intervención de Central, también por un acuerdo entre bancadas coloradas.
