Dicha instancia emitió el Auto Interlocutorio N° 59, con fecha 12 de marzo de 2025, por el cual se resolvió, en primer lugar, declarar la competencia de dicho Tribunal de Apelación, y a partir de ello declarar inisible un recurso interpuesto por la Fiscalía contra una resolución que data del 16 de julio de 2020, informó la periodista de Última Hora Liz Acosta.
En esa fecha, la jueza Clara Ruiz Díaz resolvió hacer lugar al pedido de extinción de la acción penal que solicitó la defensa técnica de los representantes de la empresa Proibérica SA, Guillermo Casado de Amezua y Alvaro Lasso Génova, que fueron procesados junto al actual senador Rafael Filizzola (PDP).
El parlamentario fue imputado tras la adjudicación de la firma para la compra de cuatro helicópteros destinados a la Policía Nacional, adquisición que, según la investigación del Ministerio Público, ocasionó un perjuicio patrimonial de más de G. 50.000 millones al Estado.
El caso saltó a mediados del 2013 a partir de informes de la Contraloría General de la República (CGR), que fueron solicitados luego por el Ministerio Público, que inició una investigación al respecto.
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Los abogados Federico Huttemann y Jorge Kronawetter, en representación de los ciudadanos españoles, habían solicitado la extinción de la acción penal el 3 de junio de 2020, a lo que hizo lugar la magistrada Clara Ruiz Díaz.
Dicha resolución fue apelada y luego revocada por la Cámara de Apelación, Sala de la Capital, el 18 de diciembre de 2020. Un año más tarde se confirmó la providencia recurrida y posteriormente, a finales de enero de 2021, la defensa de los representantes de Proibérica SA presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la acción revocada. Esto fue lo que se terminó resolviendo en la víspera.
El senador Rafael Filizzola fue desaforado antes del último receso parlamentario, en noviembre de 2024, a partir del oficio remitido por la propia Clara Ruiz Díaz para que el parlamentario opositor sea procesado en la causa.
El legislador había sido procesado cuando aún no ocupaba una banca de la Cámara Alta. La compra de las aeronaves se realizó cuando era ministro del Interior en el gobierno de Fernando Lugo.
