29 may. 2025

Caso Renato: Familia plantea inconstitucionalidad contra sobreseimiento a médicos

Bajo el patrocinio de sus abogados, los padres de Renato Rojas, el niño que falleció en un sanatorio de Asunción en el 2019, presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra del sobreseimiento definitivo de los médicos que habían sido imputados. Argumentan que afectó al proceso la supuesta sustitución ilegal del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, por un adjunto.

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Tres médicos habían sido imputados por el caso Renato y fueron sobreseídos.

Foto: Archivo.

Los padres de Renato, Federico Rojas y Macarena Talavera, presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de la sentencia del tribunal de apelaciones que confirmó el sobreseimiento definitivo de los médicos María de Fátima Bastos Ausfeld, José Manual Ovando y Óscar Feliciano Cabrera Román, tras ser imputados por la muerte del niño de dos años.

A través de sus abogados, Juan Martín Barba y Rodrigo Cuevas, piden también que hasta que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se expida sobre este planteamiento, se suspenda la resolución del tribunal.

Argumentan que cuando Nathalia Silva y Luz Guerrero pidieron el sobreseimiento de los médicos procesados, el juzgado penal de garantías no estuvo de acuerdo y presentó un trámite de oposición porque “existirían elementos concretos de convicción que pueden llegar a sustentar una acusación en contra de los imputados”.

Lea más: El caso Renato Rojas quedará impune por “duda insuperable”

Sin embargo, el fiscal adjunto Roberto Zacarías respaldó a las investigadoras y avanzó el trámite hacia el sobreseimiento definitivo. Para los abogados de la familia de Renato, aquí se viola el artículo 358 del Código Procesal Penal y, por tanto, se produce una inconstitucionalidad.

“Las actuaciones deben ser remitidas al fiscal general del Estado para que acuse o ratifique el pronunciamiento del fiscal inferior”, detalla el documento entregado a la CSJ.

En ese sentido, cuestiona que el fiscal adjunto se tomó atribuciones que no corresponden y que se estaría desvirtuando su verdadera función, ya que solo puede reemplazar al fiscal general del Estado en caso de enfermedad, fallecimiento o inhabilidad permanente.

“Tiene que ser el fiscal general del Estado, como cabeza de la institución dueña de la acción penal pública, quien entienda y dictamine en los procesos que por mandato constitucional son de su competencia”, insisten los representantes legales de la familia de Renato.

Asimismo, sostienen que testigos y videos de circuito cerrado demuestran el involucramiento de los médicos en la muerte del niño.

Bastos, Ovando y Cabrera habían sido procesados por omisión de auxilio tras la muerte del paciente que ingresó al servicio de Urgencias por un cuadro febril y tos. Sin embargo, tras complicaciones falleció, lo que derivó en una denuncia por falta de profesionalismo de los médicos y carencia de insumos básicos.

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