Los sospechosos, identificados como José Agustín Rufinelli Romero y Guillermo Alberto Sosa Benítez, actualmente se encuentran prófugos de la Justicia.
Un tercer involucrado, utilizando la identidad de Emilio Ismael Ayala Larroza, habría solicitado a la empresa afectada el pago a proveedores.
Uno de ellos se habría hecho pasar por el presidente de la firma para solicitar transferencias a las cuentas de los presuntos estafadores en los bancos Visión y ueno bank, en la sucursal de Santa Rita. Sin embargo, la maniobra fue detectada a tiempo, lo que permitió evitar la millonaria defraudación.
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De acuerdo con la investigación, el 28 de junio de 2024, a las 16:45, la gerente general de Zona Franca Global Paraguay, Ruth Elizabeth Arias Franco, se presentó en la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional, Regional Alto Paraná, para denunciar el hecho.
Según relató, fue informada por la encargada financiera de la firma, Marcia Ester Colmán, quien detectó un inusual movimiento elevado al realizar la carga de salarios en una cuenta del Banco Sudameris.
Tras la verificación con el presidente de la empresa, Pedro Osvaldo Céspedes, quien negó haber solicitado dicho movimiento, se comunicaron de inmediato con Jazmín Ruiz Díaz, oficial de cuentas del banco, solicitando revertir las transacciones sospechosas.
Posteriormente, Arias se trasladó hasta la sede del banco en el km 4 de Ciudad del Este, donde conversó con la gerente general, Nancy Morínigo, y Ruiz Díaz.
Las ejecutivas le informaron que alguien, a través del número de WhatsApp (0986) 378 177, se había hecho pasar por el presidente Céspedes, enviando un formulario de solicitud de transferencia entre entidades financieras (Sipap).
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A continuación, esta persona le dijo a Ruiz Díaz que un colaborador llamado Emilio se comunicaría con ella para coordinar la operación. Poco después, desde el número (0972) 670 567, un hombre que se hizo pasar por Emilio Ismael Ayala Larroza, el supuesto enviado de Céspedes, ó a Ruiz Díaz a través de WhatsApp, insistiendo en que la transacción debía realizarse con rapidez.
El sujeto que se identificó como Emilio proporcionó incluso una copia del formulario de transferencia, supuestamente firmado a mano por el presidente de la empresa, aunque sin sello. La información incluía los datos del beneficiario y, junto con los documentos fotocopiados, fueron adjuntados a la denuncia para los fines correspondientes.
Sin embargo, los directivos de la Zona Franca Global explicaron que no se cumplió el protocolo, considerando que hay dos personas habilitadas para rellenar los documentos.
En el marco la investigación del caso, el fiscal Luis Trinidad también había ordenado la detención preventiva de Emilio Ismael Ayala Larroza, quien fue privado de libertad, pero luego se pudo determinar que no tuvo participación en el ilícito y que los presuntos responsables habrían utilizado sus datos personales para la tentativa de la millonaria operación fraudulenta.
