La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), que aglutina a 34 organizaciones de la sociedad civil, remitió a las Naciones Unidas un informe que ofrece un relato alternativo a la versión sobre la situación de los derechos humanos en Paraguay que será planteada por el Estado paraguayo en el examen periódico universal (EPU) en el año 2021.
Desde la organización mencionaron que el EPU es un instrumento de rendición de cuentas sobre la situación de los derechos humanos al que los países que forman parte del sistema de Naciones Unidas deben someterse cada cuatro años.
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“Desde la sociedad civil en general tenemos el mandato y casi la obligación de ir y contar un relato alternativo a lo que va a ser el relato que va a plantear el Estado paraguayo en el examen. Ahí hay (por parte de las organizaciones de DDHH) una obligación muy importante de ir a mostrar datos de la realidad, que pinten lo que realmente está sucediendo y por qué no se están cumpliendo los compromisos”, expresó Hugo Valiente, quien estuvo a cargo de la coordinación del informe de la Codehupy.
Para Valiente, el incumplimiento de varios puntos es deliberado y la evaluación general sobre el trabajo del Estado para cumplir los compromisos es negativa.
Asimismo, indicaron que son en total 33 puntos de distintos ámbitos los abordados en el informe, como salud, educación, militarización de la seguridad interna, ambiente, falta de independencia judicial, crímenes contra periodistas y discriminación, entre otros.
De igual manera, se realizaron 58 recomendaciones sobre las acciones que se deben concretar para avanzar hacia el cumplimiento pleno de los derechos humanos en el país.
Entre otras cosas, contaron que el último examen que realizó Paraguay fue en 2016, donde asumió cerca de 200 compromisos en materia de derechos humanos y muchos de ellos no fueron cumplidos, pese a que no conllevaba gasto público, como la ratificación de tratados.
“El incumplimiento de estos compromisos afecta a la ciudadanía en su vida cotidiana, en derechos que van desde los básicos, como la falta de garantías para una educación gratuita de calidad, atención integral y sin discriminación en salud, al agua o a vivir en un ambiente sano, entre muchos otros”, señalaron.
Finalmente, explicaron que el EPU es una instancia donde los Estados que forman parte de las Naciones Unidas se evalúan y hacen recomendaciones y para conocer la situación de cada uno de los países se sirven de lo que informan el Estado, la sociedad civil y también los datos recabados por la propia ONU.
La Codehupy también adhirió al informe a otro material elaborado y enviado por otras organizaciones de la sociedad civil, que trabajan por los derechos de los pueblos indígenas y por la alimentación.
