Pedro Ovelar, abogado de Tabesa y del ex presidente Horacio Cartes, intentó justificar el motivo por el cual el gerente de la tabacalera, José Ortiz, se negó a prestar declaraciones ante la Comisión Bicameral del Congreso Nacional que investiga el lavado de dinero en Paraguay.
Según mencionó, desde el momento en que el titular de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), Jorge Querey, habla sobre documentos fehacientes que hacen referencia al lavado de dinero y al contrabando de cigarrillos, su representado debe tener derecho a la defensa.
“Ante esa requisitoria se dispara lo que indica el artículo 195, párrafo 4, que consagra las garantías constitucionales y procesales, por lo que pedimos las copias de los documentos que tiene la Comisión para tener el derecho a la defensa y él se excusa a declarar”, dijo.
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Para el abogado de Tabesa, el artículo 5 de la Ley 137/93 dice que el que es citado por la CBI puede excusarse y no declarar alegando el artículo 195 de la Constitución.
Tratando de deslindar responsabilidades, Pedro Ovelar dijo que la convocatoria al representante de Tabesa es más bien una persecución política.
“Lo que realmente parece es que esto es una persecución política. Al ser una persecución política, nuestro representado está en condiciones de afirmar de que tanto la Seprelad, la CBI como la Secretaría Anticorrupción están en un proceso de encontrar cualquier tipo de responsabilidad de Tabesa y sus directivos para un ataque al ex presidente Horacio Cartes”, refirió.
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El abogado de Tabacalera del Este SA (Tabesa), Pedro Ovelar, reiteró que sus defendidos no tienen a los documentos filtrados por la prensa y que tampoco la Comisión Bicameral de Investigación —que indaga el lavado de dinero— les entregó los informes sobre los que hacen referencia.
El gerente de Tabacalera del Este SA (Tabesa), José Ortiz, se negó a prestar declaraciones. El empresario se excusó por una recomendación de su abogado.
Los integrantes de la comisión buscan que los representantes de las tabacaleras hablen sobre los informes respecto a las empresas intermediarias de adquisición de tabaco de la industria tabacalera nacional.
Estas empresas fueron investigadas por el Ministerio Público Federal del Brasil y de la Policía Federal del Brasil de la sección de antilavado, de narcotráfico y de contrabando de cigarrillo.
