Miguel Ángel Godoy, defensor del Pueblo, comentó a Última Hora que denunciará a los magistrados Martín Ávalos y María Celeste Jara ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) a raíz de que, como de un Tribunal de Cuentas, otorgaron una medida cautelar a favor de una funcionaria que había sido desvinculada por contar con un proceso por hechos de tortura y lesión en el ejercicio de funciones públicas.
Según Godoy, la mujer logró una suspensión del procedimiento tras itir los hechos por los cuales estaba siendo investigada.
Asimismo, expresó que la medida cautelar otorgada obliga a que Olga Blanco, prima del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Sindulfo Blanco, vuelva a ser asesora de la Dirección de Debido Proceso Penal, pese a que –como – él haya decidido desvincularla.
“Cuando yo llegué a esta institución, hace un año y ocho meses, me llamó la atención que una de mis directoras viajaba a Ciudad del Este (Departamento de Alto Paraná) de manera quincenal. Entonces, indagando, me contaron que la misma tenía un proceso por tortura y, en este caso, lesión en el ejercicio de funciones públicas, quien sería Olga Blanco, prima del ministro de la Corte Suprema de Justicia Sindulfo Blanco”, detalló.
El defensor del Pueblo comentó que fue advertido de que la entonces funcionaria tenía el apoyo del ministro Blanco. “Me dijeron que tenía el apoyo del ministro y que tenía mucho peso, que era tipo intocable. Igual estaba ahí en la Dirección de Defensa de Debido Proceso Penal de mujeres y niños golpeados, y como es un cargo de confianza, más allá de su padrinazgo, decidí sacarla”, recordó.
Olga Blanco fue además directora Nacional de Institutos Penales e interina en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este.
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En su momento, junto a ella también fueron apartados otros 20 funcionarios con cargos de confianza de la Defensoría del Pueblo, sin embargo, solo el caso de Blanco fue objetado.
“Esos 21 cargos fueron a parar en el Tribunal de Cuentas, donde en todos los casos nos dieron la razón, de que yo tenía la facultad de sacar los cargos de confianza, salvo en este, donde me ordenan de que le ponga en el cargo de Defensa de Derechos Humanos de la Mujer y del Niño a una persona que itió hechos de tortura y lesión en el ejercicio de funciones públicas”, señaló.
Apelarán el dictamen
Ante la medida cautelar, el defensor presentó un recurso de aclaratoria y con él una recusación contra los dos magistrados que favorecieron a la ex funcionaria. “El otro juez dijo que sí es un cargo de confianza y que yo le puede sacar cuando quiera, por mi autonomía”, indicó Godoy.
A su vez, espera que con la denuncia ante el JEM se le pueda suspender del cargo a los jueces Ávalos y Jara, y que luego se los destituya.
“Y, en todo caso, cuando esta resolución esté firme y ejecutoriada, yo voy a tener que acatar y la voy a tener que ingresar en la institución, pero luego de 15 días la voy a volver a sacar. No puedo yo volver a ponerle a una torturadora como directora en este cargo”, sostuvo.
Defensoría no ingresaría como miembro de la ONU
Además, Godoy explicó que de incorporarse Blanco nuevamente en la Defensoría podría rechazarse la solicitud de ingreso de la Defensoría Pública como miembro la Organización de Naciones Unidas (ONU).
“Nosotros solicitamos el reingreso, hace poco. Desde la ONU nos informaron que se aceptó nuestra solicitud de incorporación y que se iba a resolver en fines de setiembre. Y ahora resulta que me van a decir: no, tu país no es serio porque en tu país a vos te obligan a poner en defensa de los derechos humanos a una torturadora confesa” lamentó.
Para Godoy, este tipo de situaciones ocurren a causa de un sistema judicial podrido y abogó para que la ciudadanía se pronuncie contra la Justicia. “Esto es consecuencia de la podredumbre que tenemos, esta es la peor Corte Suprema de Justicia que hemos tenido”, señaló.
