En apenas unos días, tres federaciones han respondido al llamado lanzado el 16 de noviembre por el Comité Olímpico Internacional (COI) para establecer sus propios criterios de de las personas transgénero e intersexo a competir al más alto nivel.
La Unión Ciclista Internacional (UCI) fue la primera el pasado jueves con un endurecimiento, doblando el “periodo de transición” (de 12 a 24 meses) durante el cual las mujeres transgénero deben presentar una tasa de testosterona “bajo” antes de competir “en la categoría correspondiente a su nueva identidad de género”.
En base a “nuevos estudios científicos”, la UCI rebajó a la mitad el límite itido, de 5 a 2,5 nmol/L de sangre, con el argumento de que se trata de “la tasa máxima de testosterona que se observa en el 99,99% de la población femenina”.
El domingo, fue la Federación Internacional de Natación (FINA) la que limitó el a las categorías femeninas a las nadadoras “convertidas en mujer antes de la pubertad”, una solución que excluye a la casi totalidad de las atletas transgénero, cuya transición es generalmente más tardía.
El COI renuncia a imponer un criterio
Sacudida desde hace meses por las polémicas alrededor de la estadounidense Lia Thomas, primera nadadora transgénero a ganar en la primavera un título universitario, la FIFA estudia la creación de una “categoría abierta” que se sume a las tradicionales masculina y femenina, algo que sería inédito en el mundo del deporte.
Y el martes, la Internacional Rugby League prohibió de manera provisional la presencia de jugadoras transgénero en partidos internacionales femeninos de rugby a XIII hasta que no se establezca “una política de inclusión completa”, que la organización espera tener lista el próximo año.
El presidente de la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics) Sebastian Coe abrió la vía a una modificación de su reglamento, prometiendo, sin dar más precisiones, privilegiar la “equidad” y la “integridad del deporte femenino” más que la “inclusión” de las participantes transgénero.
Lejos de ser una coincidencia, este cúmulo de tomas de posesión ya se esperaba desde que el COI renunció a proponer directivas uniformes, como hizo en 2004, recuerda a la AFP Ekain Zubizarreta, sociólogo del deporte en la Universidad del País Vasco.
La instancia olímpica exigió entonces una operación de reasignación sexual al menos dos años antes de la demanda del atleta (un criterio levantado en 2011), así como una “terapia hormonal” comprobable durante un “periodo suficientemente largo para minimizar las ventajas competitivas ligadas al género”.
Científicos y militantes
Pero en este intervalo, la discusión ha cambiado de naturaleza, escapando a los endocrinólogos o especialistas de las ciencias del deporte para “ganar en visibilidad”, a medida que las atletas y militantes de derechos humanos se hicieron eco, destaca el investigador.
El debate también fue estimulado por la pelea mediática y judicial de algunos atletas intersexo, como la campeona sudafricana Caster Semenya, que obligó a las instancias a afinar sus reglamentos y desvelar sus fuentes científicas.
Ahora, se trata a la vez de estimar el impacto sobre la masa muscular y la resistencia de una elevada testosterona, así como el tiempo que duran sus efectos, pero a la vez respetar “la primacía de la salud”, el “derecho a la vida privada” y el objetivo de “inclusividad” del deporte de élite, enumeró el COI en noviembre.
Solicitada este martes por la AFP, la instancia olímpica no se pronunció sobre una eventual creación de una tercera categoría en los Juegos, dejando a cada instancia “determinar el límite a partir del cual una ventaja puede convertirse en desproporcionada y desarrollar los mecanismos necesarios para compensar”.
Esta tarea particularmente compleja para unas federaciones con recursos jurídicos y científicos variables acaba de comenzar: el jueves, la UCI dijo “discutir con otras federaciones internacionales” un programa de investigación sobre “la evolución de las marcas físicas de los deportistas muy entrenados bajo tratamiento hormonal de transición”.
