Nadine tenía 22 años cuando fue asesinada. Había llegado a la capital poco antes, dejando atrás a su ciudad natal de Sapucái. En Asunción “podía liberarse más”, recuerdan sus amigas. Dijo a su madre que trabajaba en una peluquería y estudiaba enfermería, pero en realidad ejercía la prostitución.
En una madrugada de julio de 2013 sobre la avenida Mariscal López, esta joven travesti subió a una camioneta Nissan, pero enseguida bajó, al igual que el conductor del vehículo. Ambos comenzaron una discusión que terminó de la peor manera: Nadine murió de dos balazos en la boca. Su caso, como el de otras 53 personas trans asesinadas desde 1989, quedó impune.
La historia de Nadine es una de las tantas recopiladas en el informe Olvidadas hasta en la muerte, elaborado por la asociación de travestis, transgéneros y transexuales, Panambi. Hace unos días, el documento fue presentado por la organización a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia pública en la que también participaron representantes del Estado paraguayo.
El video de la audiencia en Washington, que duró poco más de una hora, está disponible en internet y no tiene desperdicios. En el material se observa, por ejemplo, cómo un comisionado del organismo internacional manifiesta una gran preocupación por el hecho de que el discurso intolerante provenga de figuras del mismo Gobierno, como el presidente Cartes.
Resulta curioso también cómo el director general de Derechos Humanos de la Cancillería, Juan Miguel González Bibolini, menciona el catolicismo de la mayoría de la sociedad paraguaya para explicar la inexistencia de leyes sobre igualdad y no discriminación. Como bien le recordaron las activistas paraguayas en la audiencia, Paraguay es un estado laico, por lo que el argumento se cae como un castillo de naipes.
Los 54 homicidios denunciados ante la CIDH interpelan a un Paraguay democrático cuyas fuerzas de seguridad y Poder Judicial siguieron los mismos patrones de discriminación que la dictadura stronista.
“Nada ha cambiado”, sentencia Iren Rotela, de Panambi, al recordar que hasta ahora hay autoridades públicas que se niegan a recibirlas.
El informe de Panambi es un ejercicio de memoria importante y necesario para uno de los sectores más marginados de la sociedad.
La impunidad de la que siguen gozando los autores de estos crímenes refleja un nefasto y único mensaje de la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial: “Estas muertes no nos interesan”.