El jefe de Gabinete Civil, Hernán Huttemann, informó este jueves, durante una conferencia de prensa, que el Ejecutivo procedió a firmar el decreto por el cual se objeta el artículo 103 de la Ley de Servicios de Confianza en las Transacciones Electrónicas.
En ese sentido, indicó que el mencionado artículo dispone que todas las operaciones electrónicas de pago deben contar con un sistema de identificación electrónica de un alto nivel de seguridad.
No obstante, manifestó que los órganos técnicos, tanto el Banco Central del Paraguay (B), el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), y la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) sostienen que se genera una exclusión de la “necesaria gradualidad y escalonamiento de los niveles de seguridad que deben estar acordes al riesgo implícito que trae cada operación”.
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Asimismo, agregó que lo expuesto previamente es el argumento central, ya que el artículo tal cual se encuentra redactado podría generar una exclusión de los sectores más vulnerables del sistema financiero.
Al respecto, el presidente del Banco Central del Paraguay (B), José Cantero, recalcó que la decisión se basó en un diálogo y se conversó con distintos actores, como el sector bancario, empresas financieras y cooperativas, entre otros.
También dijo que se realizaron consultas a organismos internacionales que apoyan al país para profundizar sobre mejores prácticas para el control de estas operaciones.
Sobre los estándares internacionales, mencionó que la proporcionalidad o nivel de seguridad y de control de la identidad debe estar acorde a los niveles de transacción, según recoge GAFI y Gafilat.
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Entre otras cosas, agregó que la interpretación del B es que al contar con un solo esquema, que sea un sistema alto, y conforme a lo que establece el artículo 103, puede afectar a todo tipo de operaciones, ya que establece un alto nivel de seguridad para giros, transferencias, créditos, cooperativas, cobranzas, entre otros sectores.
“Establece así que todo el universo de transferencias electrónicas de dinero tienen que tener un control alto y ese control alto tiene que estar garantizado por una empresa prestadora de servicios de confianza que garantice el destinatario final. Naturalmente, esa empresa hoy no la tenemos en el país, se debería crear, pero eso podría tener un costo a todo tipo de transacciones, más allá de cualquier sector, sino al universo”, remarcó.
De igual manera, afirmó que en el afán de buscar un sistema bastante integrado, el B recoge estándares internacionales donde el control por grado de importancia entre alto, medio y bajo debe estar conforme a los tipos de operación.
Para Cantero, por la salud del sistema de pagos se debe converger hacia un esquema que se oriente a un control adecuado, en búsqueda de una interoperabilidad entre los sistemas, hecho que ya ocurre entre empresas de billeteras telefónicas y el sistema bancario, también cooperativas, por lo que cree que la convergencia cobra más fuerza.
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“El veto está en línea con este desarrollo y evita reversas en este proceso de consolidación de todo el sistema de pago”, finalizó.
La puja por el mercado de los giros divide a las entidades financieras y las empresas telefónicas desde hace varios años, pese a que en el 2014 el B ya había reglamentado el envío de dinero por medios electrónicos (giros vía celular).
En diciembre del 2020, se encontraban habilitadas 2,5 millones de cuentas de billeteras, que realizaron en el mismo mes 8,8 millones de transacciones por 1,5 billones, según un dictamen del B.
