Luego de erigirse en una especie de granito de esperanza al ganar las elecciones ante un debilitado Roberto Cárdenas, Armando Gómez pasó de ser un modesto concejal del PLRA a intendente de Lambaré, un feudo colorado cuyos pobladores sufrieron por décadas una pésima y corrupta gestión comunal. No es por nada que los dos intendentes que lo precedieron están procesados y tienen causas (estancadas) por presuntos hechos de corrupción durante su gestión.
La burbuja de ilusión que generó la victoria de Gómez reventó muy rápido. Un grupo de concejales intentó que la Cámara de Diputados apruebe la intervención de la Comuna por presuntos hechos de corrupción, pero un acuerdo entre el llanismo (movimiento al cual pertenece Gómez) y el cartismo frustró sus pretensiones. Las denuncias de hechos irregulares que motivaron el pedido de intervención quedaron en algún cajón. Sin embargo, esta fue una victoria pírrica porque sus líos judiciales ya habían comenzado: La Fiscalía parece ser la piedra en el camino de todos los intendentes lambareños.
Ya poco antes de las elecciones del 2015, Gómez había sido imputado por lavado de dinero. El Ministerio Público sostenía que el entonces concejal y su esposa participaron de una estafa de 3 millones de dólares a la ganadera Marys Llorens. El año siguiente, la Fiscalía pidió que el caso vaya a juicio y, como si eso no fuera poco, en el 2017 el jefe comunal soportó una nueva imputación. Esta vez lo procesaron por diversas irregularidades en la construcción de un puente que, meses después del inicio de la causa, terminó derrumbándose en un día de lluvia.
Con las calles cada vez más parecidas a un campo de batalla y un prontuario que comenzaba a abultarse, la gestión de Gómez al frente de la Municipalidad podía calificarse, como mucho, de ser gris. Sin embargo, el líder político de los lambareños decidió comenzar este 2018 con una mentalidad positiva. Primero, finiquitó su proceso por lavado de dinero. Claro, tuvo que itir haber cometido lavado de dinero y pagar 500 millones de guaraníes para que termine el caso, pero todo terminó. Al menos para él; su esposa sí irá a juicio.
Siguiendo con su racha de triunfos, el intendente ahora consiguió un ansiado reconocimiento: fue seleccionado como uno de los mejores gobernantes de toda Iberoamérica, otorgado por el Instituto Mejores Gobernantes A.C. de México. Gómez demostró que no hay puente derrumbado ni causa por corrupción que le impida el éxito a un político paraguayo.
El mismo galardón recibió en el 2015 otro notable gobernante: Édgar Quintana, entonces intendente de Fernando de la Mora. Resulta ser que el premio, según diversos medios e incluso denuncias de políticos de la región, tiene un costo. Algunos hablan de mil, otros de hasta tres mil dólares por premio. Gómez, por supuesto, negó haber abonado dinero por el galardón, pero las sospechas quedan ante un premio tan inmerecido. La misma página web de la organización advierte que puede otorgar “certificaciones sin requerir estudios previos”.
Quizás Gómez pueda pagar para no ir a juicio e incluso recibir reconocimientos de dudosa procedencia, pero no podrá comprar credibilidad ni tapar los cráteres que abundan en las calles lambareñas, las obras mal construidas y la desidia latente en la ciudad. Mientras él recibe premios, los lambareños parecen condenados a los malos gobiernos.