Hoy se define el futuro del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón. Diputados se reunirán y estudiarán el eventual juicio político al titular del Ministerio Público por mal desempeño de funciones. Los motivos que impulsan a decenas de congresistas a querer sacarlo del cargo son variados, pero la coyuntura electoral y el destape del tráfico de influencias en el Jurado de Enjuiciamiento sin duda originaron el repentino interés de la clase política en sanear la Fiscalía.
Díaz Verón asumió el cargo en noviembre del 2011, luego de que el Partido Colorado consiguiera en el Consejo de la Magistratura –cuándo no– una terna integrada por tres candidatos colorados. En los seis años y pico en los que estuvo al frente de la Fiscalía, mucho ha cambiado dentro de la institución.
Como hito positivo se debe mencionar que a partir del 2013, con la oleada de transparencia y a la información pública ocurrió algo inédito dentro del Ministerio Público: Fiscales imputaron como nunca antes a congresistas por hechos de corrupción. Ya sea por pagar con dinero público a empleados privados, por desviar millonarios montos de ministerios o montar groseros negociados con el Estado, los pedidos de desafueros a diputados y senadores se fueron acumulando.
Esto, hay que decirlo, fue probablemente más un logro de la presión ciudadana que una decisión institucional espontánea. Claro que ningún político fue preso y ahora casi todos están por sepultar sus procesos con chicanas, pero eso ya es responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia.
Al otro lado de la balanza, los argumentos en contra de su gestión se acumulan. Desde la negligente investigación de crímenes emblemáticos, como la masacre de Curuguaty y el asesinato de Rodrigo Quintana dentro del PLRA, hasta la abierta sumisión institucional al cartismo.
A pesar de que el Ministerio Público identificó a los que entregaron y acompañaron las carpetas con las firmas falsas para la reelección de Cartes, los agentes fiscales no formularon una sola imputación. Días después del fracaso de su proyecto reeleccionista, el presidente dijo públicamente que quería ver preso a un dirigente liberal por quemar el Congreso y en cuestión de horas Díaz Verón cumplió su deseo. En los audios de Fernández Lippmann nos enteramos de que esto le hizo ganar puntos con los acólitos de Cartes, para eventualmente permanecer en su cargo por cinco años.
La familia extendida no ayuda al fiscal general. Su vínculo más evidente con el oficialismo colorado es su hermano, Pedro Díaz Verón, candidato cartista a la Gobernación de Caazapá y uno de los principales promotores del rekutu en la campaña por la enmienda. Su primo es el fiscal adjunto Federico Espinoza, a quien colocó en la Fiscalía Anticorrupción, desplazando a Carlos Arregui. Con su primo ahí, se aseguró de que la unidad más importante del Ministerio Público responda directamente a sus designios. A esta larga lista de puntos en contra, hay que sumar la investigación que ahora enfrenta por su presunto enriquecimiento ilícito.
Sea cual sea el resultado de hoy, sea enjuiciado o no, el panorama del fiscal general es oscuro y el de la Fiscalía lo es todavía más: El de una institución clave para la democracia sin credibilidad, independencia o fuerza para investigar a los poderosos.
El eventual juicio político a Díaz Verón debe tener como fin reparar el enorme daño que la clase política hizo a nuestra Justicia y no meramente cambiar una persona por otra, para lavar la cara de muchos candidatos poco antes de las elecciones.