La embarcación fue oficialmente secuestrada en la tarde de este miércoles y el procedimiento fue verificado por el fiscal del caso Silvio Corbeta.
El lujoso yate, que tendría un valor USD 450.000, se encontraba anclado en el Náutico Remanso y posterior al procedimiento, quedó bajo la guarda y custodia de la Secretaría Nacional de istración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
En la mañana de este miércoles, el juez de Delitos Económicos, José Agustín Delmás, había ordenado el secuestro del yate del ex ministro de la SEN Joaquín Roa, quién fue imputado por supuesto cohecho pasivo agravado y lavado de dinero.
Antecedentes del caso
Según la Fiscalía, Roa adquirió el yate en el 2018 de la empresa Tapiracuai, de Alberto Koube, uno de los detenidos en la operación A Ultranza PY.
Según informes, Koube fue proveedor de la SEN y tendría un vínculo de amistad con Roa. El escándalo terminó costándole el cargo de entonces ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).
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Por ello, el juez José Agustín Delmás itió este jueves la imputación del fiscal Osmar Legal contra el ex titular de la SEN Joaquín Roa por los presuntos hechos de cohecho pasivo agravado y lavado de dinero, informó el periodista de Última Hora, Raúl Ramírez.
El magistrado también itió la imputación contra el empresario Alberto Koube por los presuntos hechos de soborno agravado y lavado de dinero, investigados en el operativo A Ultranza PY.
Ambos fueron citados para el próximo 8 de mayo a una audiencia de imposición de medidas cautelares.
Por su parte, el fiscal Silvio Corbeta manifestó en la mañana de este jueves a Radio Monumental 1080 AM que tienen suficientes elementos para construir la hipótesis de que el ex ministro de la SEN consiguió licitaciones irregulares, pagó servicios sobrefacturados y recibió a cambio un yate. Sostuvo que Roa había direccionado una cantidad importante de licitaciones a favor de Koube.
El representante del Ministerio Público refirió que todavía están en una etapa investigativa y tienen las sospechas de que podrían existir más licitaciones irregulares. Los investigadores lograron detectar 11 de ellas, que tienen que ver con el alquiler de camiones de gran porte y la venta de chapas para la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).
