“Si sacrificamos nuestros valores porque tenemos miedo, entonces no nos importan mucho estos valores”. La frase es de Edward Snowden, el ex empleado de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés), que en el 2013 hizo público, a través de la prensa, documentos clasificados que demostraron cómo el Gobierno estadounidense operó como una gigantesca máquina de espionaje cibernético con sus propios ciudadanos y el mundo entero. El caso sirve para plantearnos a qué estamos dispuestos a renunciar por nuestra seguridad.
¿Cómo aquellas palabras de Snowden guardan vigencia en el Paraguay del 2016? Un informe divulgado días atrás por la organización Tedic, en el marco del Día Internacional del Internet Seguro, quizás pueda acercarnos a una respuesta. El documento advierte sobre los derechos de los s de internet paraguayos que son vulnerados, y hace énfasis en uno de los más expuestos: el derecho a la privacidad.
Al respecto, el documento cita varios hechos concretos, entre ellos la existencia de equipos de escuchas telefónicas dentro del Estado, desde hace ya varios Gobiernos. Los fonopinchazos –y esto quedó certificado con decenas de publicaciones periodísticas y denuncias– fueron utilizados con fines políticos en tiempos de democracia. Que ahora el poder de turno sostenga que no lo hace, no significa que no se trató de una práctica arraigada en los organismos de inteligencia paraguayos.
El informe también señala que Finfisher, un software espía ideado para Gobiernos que monitorean comunicaciones a través de Internet, tuvo presencia en Paraguay. Esto fue detectado por investigadores de Toronto. Según el Centro de Respuestas ante Incidentes Cibernéticos de Paraguay, desde enero del 2015 ya no se registran rastros del programa en el país.
Finalmente, menciona las negociaciones que tuvo el Estado con la empresa Hacking Team, proveedora de softwares de espionaje masiva. La compra no se hizo, pero hubo un serio “interés” de autoridades paraguayas, según correos de la firma filtrados en Internet.
Consultado acerca de todo esto en la 970 AM, el ministro de la Senatics, David Ocampos, pidió que los s no sean “paranoicos” y aseguró que el país está muy lejos de la interceptación masiva de datos. Recalcó que las órdenes judiciales son aún la única forma por la cual el Estado puede acceder a comunicaciones privadas. No se trata de ser o no paranoico. La vigilancia masiva existe y es un peligro latente en todo el mundo y Paraguay no escapa a esto. Las advertencias del informe deben ser tomadas como una alerta real. La ciudadanía debe defender el derecho a no ser escuchada, ni leída, ni observada en su intimidad.
