Durante la sesión del pleno de la Corte Suprema de Justicia, el ministro Alberto Martínez Simón informó que en una revisión del mes de mayo de las impresiones realizadas en tribunales se encontraron con cientos de hojas de folletos y tesis, libros de secundaria, de Derecho e incluso de masonería.
Martínez Simón presentó una lista de las impresiones del mes de mayo como prueba de su denuncia, informó Raúl Ramírez, periodista de Última Hora.
“Esto es un resumen de un programa que tenemos instalado en la Corte Suprema de Justicia, que chequea qué impresiones se hacen en los juzgados y tribunales”, comentó.
Señaló que durante las revisiones de los últimos meses se encontraron “con muchísimas sorpresas”, con respecto a impresiones que se hacen de forma absolutamente indebida en los juzgados.
Martínez Simón mencionó que se trata de un perjuicio para las arcas de la máxima instancia judicial que contrata un servicio de impresión. Dijo que por una cuestión de presunción de inocencia no publicó los nombres, pero aseguró que todos están debidamente identificados.
“Hay datos muy reveladores: hay un libro de Derecho, tres libros de Semillita, un libro de primaria, pero incluso hay un libro de masonería que se imprimió. Esto transgrede artículos de nuestra acordada disciplinaria. Hay tesis impresas, libros constitucionales y esto solo es de un mes que elegimos al azar”, detalló.
En el documento se ve que cada impresión supera las 100 hojas. Explicó que se trata de una falta grave que transgrede la disposición que prohíbe realizar actividades ajenas a sus funciones laborales.
Ante esta situación se dispuso una auditoría y la apertura de un sumario istrativo en el caso. El ministro aclaró que más allá de quién haya hecho la impresión, los s también serán sancionados.
“Los s y contraseñas son individuales e intransferibles y no deben ser compartidos o revelados, siendo el titular el responsable por el uso de terceros”, sostuvo al momento de señalar que la “lista es impresionante y que “se gasta en una enorme cantidad de hojas” que no corresponden a cuestiones laborales.
Por su parte, el ministro César Garay apoyó el pedido de su colega y sugirió que se remitan a la Fiscalía los antecedentes. Las impresiones son pagadas por el Poder Judicial del erario público, según explica. La propuesta se aprobó por el pleno de la Corte.
