¿Continuará funcionando el estacionamiento tarifado en San Lorenzo? Esa es la pregunta de los miles de conductores que paran en la ciudad universitaria.
La empresa SL Parking, encargada de los controles, comunicó hace más de una semana a la Municipalidad de San Lorenzo que dejará de operar, por lo que la comuna emitirá este lunes el dictamen definitivo de la rescisión de contrato.
Pero en el mismo día, también distintas comisiones de la Junta Municipal sanlorenzana evaluarán si continuarán o no los controles.
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“No seguirá la empresa, por lo que ahora estamos viendo cómo continuará el control y también cómo podría ser más accesible”, dijo Carlos Ferreira, presidente de la junta del municipio, en o telefónico con el programa radial San Lorenzo Sin Filtro.
También señaló que la Junta Municipal solicitaría al intendente, Albino Ferrer, que otro grupo empresarial se encargue de la implementación del estacionamiento tarifado.
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De esta forma es que quedan abiertas tres interrogantes, que deberá resolver la comuna este lunes. Si SL Parking deja de operar, ¿entonces se suspenderán los controles?, ¿llamarán a licitación para contratar a otra empresa?, o ¿quedará a cargo de la Policía Municipal?
Lo cierto es que el propio Ferrer había dicho a Última Hora, en otra publicación, que tratará de continuar con el ordenamiento vehicular en la zona del microcentro sanlorenzano, a través del uso del cepo.
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Conflicto
Desde su implementación, el sistema tuvo el rechazo de la ciudadanía. Por una parte, los conductores que debían enfrentar multas elevadas tras la colocación cepos y por otra, los comerciantes que reclamaban bajas ventas debido al temor de los automovilistas ante el persistente control tanto por parte de la empresa como de la Policía Municipal.
Los lugareños incluso se organizaron y en varios casos decidieron sacar los cepos a los rodados, lo que condujo a denuncias y amenazas.
La Municipalidad de San Lorenzo había llamado a licitación para el estacionamiento tarifado en el 2016 y solo se presentó la empresa SL Parking, una firma argentina cuyo representante es un concejal de la misma ciudad.
Entre los principales puntos cuestionados por los ciudadanos está el hecho de que el consorcio se queda con más del 70% de lo recaudado en multas o cepos y la ciudad no recibe ninguna mejora.
