En rueda de prensa, el viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué informó que fueron detectadas y denunciadas unas 22 empresas o personas fantasmas que forman parte de una megaoperación de facturas de contenido falso y clonadas a fin de evadir impuestos.
Sin embargo, también se encuentran en la mira otras más de 400 empresas que adquirieron estas facturas. “Este proceso iniciado básicamente tiene 22 proveedores (empresas y personas jurídicas) ficticias que lo único que hacían es emitir facturas de contenido falso. Estas facturas fueron utilizadas por unas 400 empresas y contribuyentes y el daño que representa es más de G. 100.000 millones”, alegó.
Afirmó que este monto no solo representa la evasión de impuestos, sino también las multas que serán istradas a las empresas en falta. Además, se enmarcan en un eventual delito, como lo es la producción de documentos no auténticos.
Al respecto, el fiscal del caso, Francisco Cabrera, especificó que más allá de la investigación —muy detallada por la SET—, para la Fiscalía la pesquisa recién inicia y en el marco de esa causa se buscará, primeramente, poder desbaratar este esquema y encontrar a los responsables, para luego eventualmente analizar a las empresas que usaron aquellas facturas y la responsabilidad penal de las mismas.
Nota relacionada: Facturas falsas: Proveedores involucrados trabajaban en forma conjunta, señala fiscal
“Nos encontramos abocados en la investigación de los hechos punibles de producción de documentos y de evasión de impuestos. Pero en la evasión de impuestos tiene que haber una resolución istrativa firme que habilite la persecución penal al Ministerio Público. Inicialmente, los hechos concretos investigados serán los delitos de producción de documento en su dos modalidades, que es la producción y el uso”, detalló Cabrera.
No obstante, agregó que además de la emisión y uso de las facturas falsas, se puede observar asociación criminal dentro del esquema.
Entre los centenares de empresas figuran dos empresas constructoras, proveedores del Estado. “Mediante un convenio con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DN) me he puesto en o con el director Pablo Seitz para informarle sobre las compañías”, indicó Orué en otro momento.
¿En qué consiste el esquema de megaevasión?
Por su parte, Pedro Monges, del departamento de Investigaciones de la SET, explicó que en un primer momento el monto total de la denuncia al Ministerio Público fue por G. 110.000 millones, en aproximadamente 3.740 facturas de presumible contenido falso. Sin embargo, “según fueron avanzando las investigaciones este monto podría aumentar en G. 60.000 millones más en monto imponible de facturas de presumible contenido falso”.
También puede leer: Facturas falsas: Engineering dice que no son objeto de investigación
“Este esquema tiene la particularidad de que tiene varias tipologías, entre ellas está la de contribuyentes que fueron inscriptos sin saber ellos que fueron inscriptos como contribuyentes; contribuyentes que están trabajando actualmente como cualquier persona y sus facturas fueron utilizadas pero no prestaron servicio y contribuyentes cuyas facturas fueron clonadas directamente”, comentó.
Aseguró que la investigación no solo alcanzará a los emisores de facturas falsas, sino también a los que utilizaron las facturas falsas. “Estamos hablando de 22 empresas falsas (que supuestamente prestaban servicios) y unas 400 empresas y personas físicas que utilizaron esas facturas ¿Con qué objeto? Con el objeto de justificar gastos y costos y de esa manera pagar menos impuestos”, alegó.
El Ministerio Público realizó unos ocho allanamientos en el Departamento Central en busca de pistas sobre un esquema que realizó millonarias facturaciones con documentos falsos. Se habla de un perjuicio de más de G. 100.000 millones.
Los allanamientos simultáneos se realizan en empresas privadas e instituciones públicas de Asunción, Luque, San Antonio y otros lugares. Una de las intervenciones se dio en la multifacética empresa Engineering SA, del joven empresario Juan Andrés Campos Cervera, conocida como la “superproveedora” favorecida del gobierno de Mario Abdo Benítez, debido a las numerosas adjudicaciones dadas a esta firma.
