El Ministerio Público ya abrió una investigación contra el defensor del Pueblo, Miguel Godoy, tras la serie de denuncias que recibió el funcionario y por las cuales incluso se presentó un libelo acusatorio para su juicio político.
La causa fue abierta específicamente por la denuncia de exacción o cobro irregular que había sido presentada por la abogada Diana Vargas, quien sostuvo que el funcionario cobró compulsivamente a unos 4.000 objetores de conciencia, desde el 2019, sin estar habilitado legalmente para hacerlo.
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En o con Última Hora, la profesional del Derecho confirmó que se trata de la causa 83/2022 y que ya fue asignado el fiscal Jorge Arce al caso.
Manifestó que en el marco de las pesquisas del caso, el representante de la Fiscalía solicitó informes a la Defensoría del Pueblo, así como a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores; esta última debido a que anteriormente era donde los jóvenes dejaban constancia de su objeción de conciencia.
A finales de agosto pasado, Vargas había denunciado a Godoy por exacción, cuya expectativa de pena establecida en el Código Penal es de hasta 10 años de cárcel, argumentando que el defensor del Pueblo “ha hecho una interpretación antojadiza del artículo 21 de la Ley 4013/10, “que reglamenta la objeción de conciencia, con el único fin de recaudar ilegalmente”.
Además, la profesional afirmó que el funcionario “se aprovechó" del desconocimiento y la desesperación de algunas personas que debían presentar el certificado de objetor para acceder a un puesto de trabajo y otras gestiones, entre otras argumentaciones.
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Dicha denuncia también fue incluida entre las 57 causales del libelo acusatorio que fue presentado en la Cámara de Diputados contra Godoy, además de unas 47 denuncias de mujeres por acoso laboral y sexual.
Por esto, y ante nuevas denuncias que presentaron en su contra dos parlamentarias, el presidente de la Cámara Baja, Carlos María López, ya convocó para el próximo lunes 26 de setiembre a una sesión extraordinaria para analizar el libelo acusatorio del titular de la Defensoría del Pueblo.
