01 jun. 2025

Frente Guasu pretende castigar a propietarios de tierras malhabidas

El Frente Guasu presentó este lunes un proyecto de ley que busca castigar la adquisición y/o posesión de inmuebles del Estado conseguidos de manera irregular con penas que van hasta los 12 años de cárcel.

En bancada. Los senadores del Frente Guasu dialogando en una de las sesiones.

En bancada. Los senadores del Frente Guasu dialogando en una de las sesiones.

Foto: Archivo

El proyecto de ley fue presentado por los siete senadores que integran el Partido Frente Guasu y parece ser una respuesta a las intenciones del senador Enrique Riera de criminalizar los cierres de rutas, como ya lo logró con las invasiones.

El senador Jorge Querey manifestó a Última Hora que van a agregar algunos puntos solicitados por otros senadores, como también realizarán correcciones, pero que el objetivo principal es que las personas que posean tierras malhabidas sean castigadas con penas carcelarias por apropiación indebida de tierras, en coherencia con otros proyectos que se están llevando adelante en el interior del Congreso.

El informe de la Comisión de Verdad y Justicia identifica a varias familias, muchas de ellas actualmente ligadas al Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, como beneficiadas con tierras malhabidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner.

Lea más: Congreso Nacional sanciona creación de comisión sobre tierras malhabidas

El proyecto del Frente Guasu impulsa castigar con una pena de entre seis y 10 años a las personas que adquieran un inmueble del Estado en contravención de la legislación vigente.

https://twitter.com/jorgequerey/status/1516067120009854987

También busca castigar con una pena privativa de libertad de entre siete y 12 años a la persona que se encuentre poseyendo un inmueble de propiedad pública y que haya adquirido el inmueble de manera irregular. Si también poseyera otro inmueble bajo las mismas condiciones, la pena será de entre ocho y 12 años de cárcel.

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De igual manera, pretende sancionar con penas de entre siete y 12 años a los que posean un título de origen ilegal e intenten hacerlo valer en contra del Estado.

Entre otras cosas, establece que las personas involucradas en dichos hechos no podrán acceder a ningún crédito público por 10 años, también suspendidos del derecho al sufragio y no podrá ser candidato a ningún cargo electivo durante 10 años, además de estar inhabilitado para contratar con el Estado y municipalidades, entre otras instituciones.

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