El Mecanismo de Prevención de la Tortura (MNP) realizó un recorrido por los lugares donde están con prisión preventiva los imputados tras las manifestaciones realizadas luego de las elecciones 2023.
En ese sentido, constataron que varios de los detenidos sufrieron golpizas por parte de agentes policiales. Las entrevistas se efectuaron en el Departamento de Judiciales de la Policía Nacional, en la Agrupación Especializada.
Los del MNP recibieron las declaraciones de los afectados que aseguraron haber recibido golpes de puño a nivel del rostro y espalda. Además, una vez tendidos en el piso, los efectivos policiales los pisaban con sus botas en la cabeza.
Justamente, en el Departamento de Judiciales, de 32 entrevistas, 14 personas presentaban lesiones en el rostro, costillas, espalda, pierna, e impacto de balines de goma. Entre ellos, uno que recibió al menos 22 impactos en la zona de la espalda. La mayoría de las detenciones de ese grupo lo hicieron agentes de la Comisaría 7ª Metropolitana, ubicada a pocas cuadras del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
Nota relacionada: Senadores cuestionan abuso de fuerza policial contra manifestantes
En la Policía Especializada había 27 personas privadas de libertad, por orden judicial. También manifestaron haber recibido golpes.
Al local de la FOPE fueron derivadas 68 personas. Entre los detenidos había personas con lesiones en la espalda, nalgas, pecho y cabeza, tanto por impactos de balines de goma, como por los bastones utilizados, generalmente por el Grupo Lince.
El MNP criticó el actuar policial, ya que observaron nuevamente cómo los uniformados dispararon apuntando a zonas letales, a quemarropa, cuando su propio manual señala lo contrario.
Lea también: Manifestantes amenazan y echan a periodista en zona del TSJE
Asimismo, consideraron que hubo varios detenidos que ni participaban de las manifestaciones. Había trabajadores que estaban intentando volver a sus hogares, gente esperando colectivo o ser buscados, e inclusive, personas que pasaban por el sitio.
Pidió al Ministerio Público investigar de manera objetiva los hechos ocurridos y disponer la apertura de una causa penal a fin de investigar los posibles abusos y violaciones a los derechos humanos de los manifestantes y no manifestantes aprehendidos por la Policía Nacional.
Asimismo, solicitó al Poder Judicial reiterar las recomendaciones con relación al uso excesivo de la prisión preventiva, entre otras.
