A diario, titulares informativos y reportes de los noticieros y en las redes sociales nos acercan a situaciones que lentamente van conformando nuestra cotidianidad.
Una joven que cargaba a su pequeño bebé en brazos fue víctima de un terrible asalto por parte de motochorros en pleno microcentro de Asunción; pobladores del barrio Tablada Nueva de Asunción se quejan por ola de robos y asaltos que se producen en la zona y piden que la Policía Nacional tome medidas; una mujer, que salió a la vía pública a esperar el bus, fue atacada por motochorros; de la Escuela Básica San Roque Hogar de Canillitas, se llevaron un órgano, un equipo de sonido, una guitarra, un inFocus, una impresora, una licuadora, una escalera de metal, herramientas y ventiladores, los malvivientes destrozaron cinco puertas para cometer el siniestro y destecharon un aula. Era el sexto robo en pocas semanas.
Estas noticias forman parte de nuestra realidad, una que puede llegar a convertirse en natural si la ciudadanía pierde la sensibilidad por un lado, y por el otro, el hartazgo ante la inacción de las autoridades, sumado a la falta de credibilidad anulan toda posibilidad de presión ciudadana.
Hace unos meses, este diario realizó una consulta con víctimas de robos y asaltos violentos. En esa ocasión había llamado la atención que estas personas preferían no realizar las denuncias correspondientes para tratar de recuperar o sus documentos o sus teléfonos. Preguntados sobre el porqué de esta decisión, decían que, o no tenían confianza alguna en la Policía o que habiendo ido a presentar la denuncia recibieron un mal trato o percibieron una actitud de indiferencia, tanto en las instituciones policiales como en la fiscalía. Una persona que sufrió un asalto queda, como es de suponer, en un estado muy frágil emocionalmente después de haber pasado por un susto, y es de entender que ser victimizados por las personas que deberían garantizar su seguridad no les genera una mínima confianza.
El Atlas de la Violencia e Inseguridad en Paraguay, proyecto financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), señalaba en 2018 que el 97,1% de la población percibía que aumentó la delincuencia en los últimos años.
Ante ello, el 92,4% adoptó al menos una medida de seguridad; de entre estos, el 63,6% puso reja en las ventanas, el 42,3% construyó muros más altos, el 37,2% instaló cerraduras especiales, un 22,2% adquirió cámaras de vigilancia, y un 10,9% compró armas de fuego. Asimismo, reporta el informe que hubo cambio de hábitos, y el más frecuente fue el uso de joyas, ya que el 46,6% dejó de llevarlas; por otra parte, las personas decidieron evitar llevar mucho dinero en efectivo, permitir que los hijos menores salgan de noche e incluso hubo quienes dejaron de salir a caminar o ya no visitan a parientes.
Los ciudadanos tenemos el derecho de vivir en entornos seguros, a poder salir a caminar sin temor por las calles y a aguardar en la parada del transporte público sin sentir temor.
También necesitamos que las autoridades no solamente dejen de lado el discurso que justifica la situación de inseguridad, sino que entiendan que las personas se merecen un buen trato y la garantía de que la violencia que les agrede no quedará siempre impune. Es muy peligroso que la sociedad, impotente ante el estado de cosas, se vuelva apática y naturalice los hechos de violencia. La inseguridad es considerada como una epidemia también, y debe ser combatida por las autoridades, y sobre todo por parte de la sociedad, no permitirnos perder la capacidad de sorprendernos y de sentir empatía por el otro.