En 2020, la tasa de incidencia de tuberculosis en Paraguay fue de 48 casos por 100.000 habitantes, pero en el ámbito penitenciario superó los 3.000 casos por 100.000 habitantes, marcando una gran brecha con desventaja en las situaciones de encierro.
Estas cifras fueron reveladas en el estudio “Exceso de riesgo de tuberculosis durante y después del encarcelamiento en Paraguay: un estudio de cohorte retrospectivo”, publicado en la revista científica The Lancent Regional health Americas.
Se analizaron los cinco penales que concentran el 30% de la población carcelaria en el país: las penitenciarías de Tacumbú, Emboscada, Ciudad del Este, Padre Juan Antonio de la Vega y Esperanza.
La investigación evidenció que la tasa de desarrollo de tuberculosis aumenta considerablemente después de cada año vivido en prisión. Por ejemplo, de 1.335 por 100.000 personas-año en el primer año se pasó a 8.455 por 100.000 personas-año después de 8 años.
Al ser liberadas, la incidencia de tuberculosis disminuye en las personas. Sin embargo, incluso después de 8 años de seguimiento en este grupo, sus tasas de tuberculosis siguen siendo 10 veces más altas que las tasas comunitarias.
Las personas acusadas o condenadas por delitos contra la propiedad, principalmente por hurto y robo, tuvieron un mayor riesgo de tuberculosis en comparación con el tráfico de drogas o delitos contra las personas.
Los internos de Ciudad del Este tuvieron la tasa más alta de la enfermedad, el doble que Tacumbú.
Los factores como hacinamiento, el tiempo pasado en prisión y el nuevo encarcelamiento inciden en el riesgo de desarrollar la tuberculosis dentro de la prisión y después de la liberación.
“Las malas condiciones de las cárceles paraguayas, impulsadas principalmente por el hacinamiento, la mala ventilación, el limitado a la atención médica y los largos períodos de exposición, pueden eclipsar el progreso que se pueda lograr en el control de la tuberculosis en la comunidad”, advierte la publicación.
¿Cómo mejorar esa situación?
Para mejorar el control de la tuberculosis en las cárceles, la publicación insta a considerar además reformas arquitectónicas así como legales que incluyan excarcelación, la reducción de la dependencia del encarcelamiento y la prevención del encarcelamiento de personas no condenadas.
Los investigadores que integran el grupo de trabajo son el ex director de Vigilancia de la Salud, el epidemiólogo Guillermo Sequera, Gladys Estigarribia Sanabria, Sarita Aguirre, Claudia Piñañez, Leonardo Martínez y Rafael López-Olarte.
Los mismos contaron con un apoyo de G. 400 millones por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a través del Programa PROCIENCIA que se financia con el Fondo de Excelencia de la Educación y la Investigación.
