04 jun. 2025

IPS asegura que “peleará” para no pagar jubilación de USD 100 millones a navegantes

El IPS apeló el fallo de la Corte que declaró la caducidad de un pedido de nulidad autónoma de la previsional ante una acción de inconstitucionalidad presentada por 129 navegantes, que piden cobrar el total de los sueldos que perciben en actividad como jubilación, que equivaldría a USD 100 millones.

IPS.jpg

Instituto de Previsión Social (IPS).

Archivo ÚH

Vanessa Cubas, la gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), dijo en entrevista con radio Monumental 1080 AM que no corresponde la caducidad que declaró la Corte Suprema de Justicia y tampoco quieren permitir que este caso se constituya en un precedente.

Indicó que para que se dé la prescripción y la previsional pierda su derecho tienen que transcurrir 10 años, teniendo en cuenta que la acción de inconstitucionalidad se presentó en el 2016.

En el caso, 129 trabajadores navales y marinos buscan cobrar el total de los sueldos que perciben en actividad como sus haberes jubilatorios, lo que la previsional calculó que le costaría en total USD 100 millones.

Nota relacionada: IPS apela fallo a favor de marinos y abogado habla de acto dilatorio

“El mensaje claro que quiero darles a nuestros jubilados, cotizantes y asegurados es que no vamos a permitir que esta sentencia quede así. No vamos a dar cumplimiento sin antes dar toda la pelea en instancias nacionales e internacionales”, espetó la gerente de Prestaciones Económicas.

Explicó que el IPS se encuentra haciendo una auditoría al respecto y que también solicitarán lo propio a la Corte.

“Vamos a hacer las comunicaciones y si detectamos alguna responsabilidad, vamos a tener que hacer las denuncias que tengamos que hacer respecto al manejo del expediente”, sostuvo Vanessa Cubas.

En la causa también están analizando incluir a otros profesionales especializados, incluso dar participación a la Procuraduría General de la República.

Le puede interesar: El caso navieros puede avalar reclamo de otros 7.000 aportantes

“No podemos permitir que esta reserva se reduzca. El principio de solidaridad sostiene este sistema”, insistió la vocera del IPS.

Resaltó que se debe seguir fortaleciendo este modelo de capitalización colectiva y que no se trata de un sistema individual, por lo tanto, no corresponde el reclamo de los accionantes. Incluso, enfatizó que son trabajadores que percibieron en actividad más de 10 salarios mínimos, que es el tope de la previsional.

“Cuando se presentó la acción de los navegantes, solo eran tres los que tenían condiciones para jubilarse. Quiere decir que la Corte concedió a personas que tienen derecho a la expectativa. Pero, en el momento del acuerdo y sentencia, tres nomás era. Nosotros decimos que no le corresponde a ninguno, pero, aun así, se les dio a los 129", lamentó.

Más contenido de esta sección
El presunto autor del crimen de la adolescente María Fernanda Benítez, de 17 años, también adolescente, se expone a una pena máxima de ocho años. Esto, debido a tratados internacionales ratificados por Paraguay.
Un poblador denunció el deplorable estado del Pasaje Eduardito, que termina en la intersección con Pizarro del barrio Santa Librada, de Asunción, por donde diariamente circulan cientos de vehículos para evitar el tráfico y salir a la calle 21 Proyectadas.
Víctimas de una seguidilla de robos en el centro urbano del barrio San Antonio, más conocido como los monoblocks de Sajonia, de Asunción, ofrecen hasta una recompensa para identificar a los delincuentes. Seis motos fueron robadas solo este año y unas 30 en los últimos años.
Un operativo de desalojo realizado en el distrito de Maracaná, Departamento de Canindeyú, dejó como saldo un policía y un campesino heridos. El recuerdo de Curuguaty vuelve a reflotar, cuando 11 campesinos y seis policías perdieron la vida.
La Fiscalía solicitó al Juzgado la prisión para la amiga íntima del adolescente que habría matado a la joven María Fernanda. La misma se entregó este martes.
Un intercambio de disparos se registró durante un desalojo en un terreno ubicado en Maracaná, en el Departamento de Canindeyú, donde unas 230 familias ocupan el espacio privado.