La fiscala acusadora del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), María de la Cruz Zacarías, pidió a los del organismo que apliquen una de las sanciones previstas en el artículo 31 de la Ley 3759/2009 contra el juez Alcides Corbeta y la fiscala Raquel Fernández, en el marco del caso de homicidio del dirigente liberal Rodrigo Quintana.
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En su conclusión, la fiscala del JEM refiere que los acusados tuvieron su tiempo para ejercer a plenitud su derecho a la defensa y que los indicios de mal desempeño en sus funciones, que sirvieron de base para el enjuiciamiento, fueron corroborados durante el juicio.
Esto, luego de que los acusados no hayan podido rebatir los hechos que les fueron atribuidos en el marco de sus funciones. El suboficial Gustavo Florentín es el único acusado por la muerte del joven liberal, mientras que otros involucrados fueron sobreseídos.
En el caso de la fiscala, la agente se negó a realizar un cruce de llamadas solicitado por la querella adhesiva de la familia del joven Rodrigo Quintana, quien fue asesinado de un disparo en el interior del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), tras una irrupción policial sin orden judicial en la madrugada del 1 de abril de 2017.
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La familia, abogados y las autoridades del PLRA insistieron en que se realice el cruce de llamadas entre agentes policiales y autoridades, ya que lo que buscaban saber era quién dio la orden para que se ingrese a la sede del principal partido político opositor del país.
Estos audios supuestamente involucraban a altas autoridades, entre ellas al ex presidente de la República Horacio Cartes, quien buscaba la reelección, junto a un grupo de senadores de su partido, del Frente Guasu y del sector llanista del PLRA.
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Por su parte, el juez Corbeta supuestamente no ejerció su rol de magistrado al momento de rechazar la petición de la querella sobre el cruce de llamadas que previamente había denegado la fiscala Fernández.
Ante un frustrado intento de enmienda constitucional para insertar la figura de la reelección presidencial, un grupo de manifestantes terminaron quemando una parte del Congreso Nacional, en la noche del 31 de marzo de 2017.
