Según informaron fuentes jurídicas, el juez Claudio Bonadio –que dirige la mayoría de las causas en las que está acusada la actual senadora– amplió el procesamiento a Fernández y dictó o reforzó el de más de 100 imputados en el tramo del expediente en el que se investigan irregularidades en la concesión de obra pública y otro vinculado con la renegociación de proyectos viales.
“En el marco de la causa de referencia se resolvió la situación procesal de 156 funcionarios y empresarios vinculados a la cartelización de la obra pública entre los años 2003 y 2015", señala Bonadio.
“Su finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recabar dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilícitamente siendo empresarios y funcionarios, funcionales y copartícipes de este plan sistemático”, remarcó.
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En su dictamen de hoy, y tras haber recibido nuevas pruebas y declaraciones de imputados colaboradores, el juez imputa a la viuda de Kirchner, que no puede ser detenida por tener fueros parlamentarios, por los delitos de cohecho pasivo reiterado en más de mil ocasiones –la mayoría en calidad de coautora– y por isión de dádivas en dos hechos.
Como ya ocurrió en las otras ocasiones en las que pidió que sea detenida –por la misma causa y en otra por presunto encubrimiento de terroristas iraníes–, Bonadio solicitó al Senado que tramite su desafuero, aunque de nuevo no se prevé que el pedido prospere por contar la Cámara Alta con mayoría de legisladores peronistas, corriente a la que ella pertenece.
Bonadio también amplió los embargos fijados hasta ahora sobre los bienes y dinero de la ex presidenta.
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El ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido y el ex secretario de Obras Publicas José López, ambos en el cargo durante todo el kirchnerismo y ya en prisión, son otros de los funcionarios a los que el magistrado amplía el procesamiento, así como de empresarios como Ángelo Calcaterra, primo del actual presidente del país, Mauricio Macri.
“Como es de público y notorio, que el actual Presidente de la Nación, Mauricio Macri, reconoció que su padre, Francisco Macri (fallecido el 2 de marzo pasado) también entregaba dinero ilegal a los funcionarios del anterior Poder Ejecutivo Nacional, en relación al otorgamiento de obras públicas”, añade Bonadio en el auto.
El juez reiteró que esta causa –en la que se investiga una asociación ilícita– refleja una “maquinaria de corrupción que, a nivel nacional, se instaló desde el comienzo mismo de la presidencia de Néstor Carlos Kirchner, permaneciendo enquistada en nuestra República Argentina, sin solución de continuidad, durante más de doce años”.
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Desde hace tiempo, la ex mandataria, candidata a vicepresidenta para las elecciones de octubre próximo y que se sentó por primera vez en el banquillo el 21 de mayo pasado, en otro juicio por corrupción, reitera que todas las acusaciones son mentira y que es víctima de una persecución política y judicial.
“Al proceder a valorar estas 59 declaraciones, junto al restante material probatorio incorporado a todos estos legajos, que ha permitido verificar la existencia de esta organización delictiva, debe sostenerse, sin ambages, que la actividad desarrollada por este Tribunal no se trata de una ‘persecución judicial’, sino de una verdadera investigación judicial”, aclara el juez.
Con la decisión de hoy, el magistrado asevera que se puede afirmar que “está investigado, expuesto y resuelto el nudo y la matriz de corrupción desplegada” en el kirchnerismo.
“Parte de las maniobras por las que se quisieron ocultar el producido ilícito de esos bienes también está básicamente investigado y en varias casos esas investigaciones están elevados a juicio oral y público”, enfatiza.
“Es central entonces que todas las causas que componen esta investigación lleguen al proceso de juicio oral y público en el tiempo más corto posible y con la maniobra ya descrita con la mayor cantidad de elementos incorporados provenientes de las causas descritas en este interlocutorio”, concluye.
