El Juzgado Penal de Ejecución 3, Crimen Organizado, resolvió este martes hacer lugar al incidente de prisión domiciliaria, planteado por la defensa técnica de Luis Alberto Riart, ex ministro de Educación; por lo tanto, dispuso su prisión domiciliaria, informó Liz Acosta, periodista de Última Hora.
De esta manera, Riart guardará prisión domiciliaria por el plazo restante de su condena, medida que puede ser revocada por una violación grave de la misma.
Debe estar bajo estricto control de la Policía Nacional y del trabajador social, quien deberá presentarse en su domicilio de forma mensual e informar al juzgado.
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Riart no podrá abandonar el país ni cambiar de domicilio sin previa autorización del juzgado.
En junio de este año, el ex ministro se presentó ante la Justicia para cumplir con la condena de tres años de prisión por lesión de confianza.
Riart fue ministro de Educación en la era de Fernando Lugo y fue encontrado culpable de corrupción en el marco del proceso judicial por la compra irregular del edificio Excelsior para el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), que significó un daño patrimonial al Estado de G. 14.045.123.400.
La condena fue ejecutada a casi cinco años de la sentencia que se dictó en julio del 2019. Posteriormente, fue apelada y luego ratificada en el 2020 por la cámara de apelaciones.
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Finalmente, la pena quedó firme en mayo del 2021, cuando la Sala Penal de la Corte rechazó las aclaratorias planteadas y la reposición presentada en el caso.
Sin embargo, quedó trabada desde ese año por una acción de inconstitucionalidad que presentó la defensa de Riart contra el artículo 17 de la Ley 609/95, que organiza la Corte Suprema de Justicia.
En la istración de Luis Riart al frente del MEC, se produjo la compra del edificio Excelsior, ubicado en 15 de Agosto entre Presidente Franco y Benjamín Constant, en Asunción.
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La propiedad pertenecía a María Josefina Scavone y estaba valuada en G. 12.579.600.000; no obstante, fue adquirida por G. 14.045.123.400, a modo de urgencia.
El sitio debía albergar oficinas para unas 200 personas, pero en la realidad quedó abandonado.
Según la investigación de la Fiscalía, se encontraron contradicciones en el proceso debido a que la compra se realizó vía excepción y luego se llamó a licitación para la remodelación.
