Varios municipios del interior del país, donde los aparentes hechos de corrupción ya motivaron pedidos de intervención y de auditorías del órgano de control por parte de las respectivas Juntas Municipales, aún no corren con la misma suerte y celeridad que se imprimió a los pedidos que pesan sobre los municipios de Asunción y Ciudad del Este.
El caso omiso a los pedidos por parte de los órganos institucionales, llámense Ministerio del Interior o Contraloría General de la República, coincide con que los municipios están alineados al cartismo.
Aunque existe una variada cantidad de municipios en lista de espera de un dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) a favor de la intervención o que el Ministerio del Interior remita a Diputados para su estudio, se pone el foco en Asunción y Ciudad del Este.
Esto preocupa a otros municipios, cuyos casos están congelados, como el pedido sobre el distrito de Tomás Romero Pereira (Itapúa), donde es intendente Tomás Ysidro Rivas Román, padre del senador Hernán Rivas y sobre quien recae el segundo pedido de intervención consecutiva, que data de junio de 2024. Igualmente, varios pedidos de auditoría fueron encomendados durante varios años consecutivos, que no tuvieron eco, según el titular de la Junta, Adalberto Caballero, precandidato a la intendencia. Sobre Rivas pesan denuncias de millonarios desembolsos en obras sin la documentación requerida. Según las denuncias, supuestamente se usaron unos G. 1.000 millones para combustible de tractores de la Comuna, pero que habrían sido destinadas a empresas contratadas por Rivas. “Aquí no nos hacen caso, pero, en cambio, piden en un flash la intervención de Ciudad del Este”, dijo el concejal.
ÑEMBY. Desde mediados del año pasado, los concejales de Ñemby aprobaron solicitar a la Contraloría una auditoría ante presuntos casos de irregularidades que involucran al intendente Tomás Olmedo. Poco después, la fiscala Milena Basualdo imputó al jefe comunal de Ñemby, junto a otros funcionarios, pero al pasarse al cartismo su caso no corrió. Actualmente, algunos diputados decidieron reflotar para la próxima semana el trámite para la conformación de comisiones que investiguen a Olmedo bajo nuevos elementos que lo incriminan.
PUERTO CASADO. Sobre el caso del ex intendente Hilario Adorno, de Puerto Casado (Alto Paraguay), pesan varias supuestas irregularidades y, justamente, hoy se tendría una sentencia judicial.
Adorno había sido destituido por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), en abril del 2025. Sin embargo, la Contraloría no solicitó la intervención.
Entre los hechos más llamativos figura la adquisición de una camioneta de la marca Mitsubishi modelo L200 Triton Sport, año 2022 0 km, por valor de más de G. 325.000.000, que Adorno puso a su nombre. Además, un presunto desfalco de alrededor de G. 8.800 millones en solo 18 meses de gestión.
En el caso del Municipio de Carapeguá, del intendente Luciano Cañete, este ya fue salvado en un primer pedido de intervención en la Cámara Baja. Recientemente. recibió el sobreseimiento definitivo en la causa abierta en 2019 por supuesta falsificación de documentos públicos.
BAHÍA NEGRA. La diputada Rocío Vallejo solicitó al contralor Camilo Benítez la fiscalización del Municipio de Bahía Negra, a cargo del intendente João Ferreira. A raíz de esto se dispuso auditoría.
MUNICIPIOS COLORADOS DENUNCIADOS POR SUPUESTOS INDICIOS DE CORRUPCIÓN
Municipio de Tomás R. Pereira. Sobre el intendente Rivas pesa un pedido de intervención. Supuestamente, aprobó obras millonarias sin sustento documental y avaló compras millonarias de combustible en favor de firmas amigas.
Municipio de Ñemby. Sobre Olmedo pesa un pedido de intervención que data de 2024. Es el segundo consecutivo. Nuevas denuncias hablan del desvío de unos G. 200 millones por parte de un funcionario de la Comuna.
Municipio de Carapeguá. El intendente también fue salvado en un proceso de intervención. Recientemente, recibió el sobreseimiento definitivo en la causa abierta en 2019 por supuesta falsificación de documentos públicos.
Municipio Bahía Negra. Motivada por indicios de corrupción, la diputada Rocío Vallejo recurrió a la CGR y se ordenó la auditoría de gestión del intendente João Ferreira, que tuvo desembolsos millonarios en royalties y Fonacide.
