Once ex es portuarios, que fueron grabados e imputados por soborno agravado, quedaron libres de culpa y pena, luego de que un tribunal de Sentencia declarara prescripta la causa, porque pasaron más de 6 años desde el inicio del proceso. Como golpe de gracia, los jueces ordenaron que les sea devuelto todo el dinero que entregaron como soborno, según la acusación fiscal.
La historia es harto conocida en los pasillos judiciales: la chicana jurídica, aquella que solo busca dilatar y a la larga matar las causas, es infalible como arma procesal en Paraguay. Esta situación se da, hay que aclararlo, porque la ley garantiza que todo ciudadano tiene derecho a ser procesado en un plazo razonable, que varía de acuerdo al delito del cual se le acusa.
Como máxima autoridad, la Corte Suprema de Justicia es la que debe encargarse de sancionar a los abogados que solo buscan retrasar sus causas aprovechándose de un sobrecargado sistema judicial. Suspender una audiencia, recusar a jueces y recurrir cuanta resolución se presente son los principales métodos de defensa. Especialmente en los casos de corrupción, donde llamativamente las autoridades encargadas de sancionar las acciones dilatorias suelen destacarse por su ausencia.
El caso de los portuarios es particularmente emblemático. Era agosto del 2008 y un nuevo gobierno, el primero no colorado de la transición, asumía el poder con promesas de sepultar los viejos esquemas de corrupción de las anteriores istraciones. Apenas días después del cambio de gobierno, la Fiscalía montó un operativo encubierto y filmó cómo los distintos es de Puertos se reunían con el presidente de la institución, Albino González. En cada reunión, los funcionarios dejaban de ofrenda sobornos para mantener sus cargos, sostuvo la investigación.
El resultado fue contundente: las imágenes de las entregas de los maletines para la corona inundaron los medios de comunicación. La gente pudo ver cuáles eran los verdaderos méritos que había que reunir para acceder y mantenerse en los altos cargos en Puertos.
Pasaron cinco años para que se pueda hacer un primer juicio, en el que fueron absueltos por un tribunal que excluyó como pruebas filmaciones con cámaras ocultas. El fallo fue anulado y se hizo un segundo juicio, que concluyó con la prescripción, porque pasó el doble del plazo de la pena que tiene el soborno: tres años.
Pasan los años y la istración de justicia pretende ignorar una verdad bastante obvia a esta altura: las chicanas y la mora judicial son dos de los principales obstáculos para condenar a los corruptos. Como tantos otros problemas, la solución no pasa por cambiar la ley, sino simplemente por aplicarla.