El diputado Tomás Rivas es el último en integrar la selecta lista de congresistas procesados por hechos de corrupción. Resulta ser que el legislador hizo lo mismo que su colega José María Ibáñez, pero tardó más en ser detectado: Hizo figurar como funcionarios de la Cámara Baja a tres empleados particulares suyos.
El caso del parlamentario de Paraguarí fue revelado por este diario y un año después la Fiscalía Anticorrupción finalmente pidió su procesamiento por varios hechos punibles. En el transcurso de la pesquisa fiscal, con la venia de sus colegas, Rivas pasó a ser miembro suplente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, un órgano que entre otras cosas puede sancionar al fiscal que lo imputó. Quizás uno de los más claros ejemplos de qué está mal en nuestro sistema judicial.
Lo que sucede con el congresista cartista no puede ser tomado como un caso aislado: En los últimos cinco años una quincena de diputados, senadores y parlasurianos fueron procesados por hechos punibles que van desde la omisión de auxilio a una víctima de un accidente de tránsito hasta desviar fondos destinados a la asistencia de comunidades campesinas. Se trata de casos en los que el Ministerio Público determinó que existen suficientes evidencias para probar que un legislador infringió la ley.
Sin embargo, en todos estos años, ninguno de ellos llegó a ser enjuiciado, mucho menos condenado. La mayoría congeló sus procesos en la Corte Suprema de Justicia o los sepultaron con centenas de chicanas, sin castigo alguno a sus abogados. Más allá de las imputaciones y el escrache social que muchos recibieron, no hubo un castigo real, concreto y duradero.
Así las cosas, primero vale la pena resaltar lo positivo: La impunidad de los legisladores cada vez es menor. La presión ciudadana logró forzar una ley de transparencia en el 2013 y a partir de ahí, el Ministerio Público comenzó a imputar a legisladores como nunca antes. La pérdida del temor hacia los parlamentarios es crucial en el camino a acabar el mito de su omnipotencia, una idea aún muy arraigada en la sociedad.
Sin embargo, nada de esto tendrá sentido si no hay sanción y es ahí donde el Poder Judicial aún está aplazado. La Corte Suprema de Justicia permanece estancada en una relación abusiva con la clase política. La más reciente muestra de este tóxico romance fue la designación de Alicia Pucheta como vicepresidenta, luego de haber sido fiel al cartismo durante años.
Hasta tanto alguno de estos parlamentarios llegue a ser enjuiciado y condenado por los delitos que cometió, el Senado y la Cámara Baja seguirán abrigando a caseros, chongos y planilleros de todo tipo, los legisladores seguirán enriqueciéndose a costa de los más necesitados y los González Daher aún manejarán los hilos de la Justicia paraguaya. Más que el cambio de ministros de la Corte o rimbombantes pactos políticos, el país necesita de reformas estructurales para que el Poder Judicial deje de ser implacable con los débiles y compasivo con los poderosos.