El primer semestre fue de terror. La desaceleración económica impactó duramente no solo en el movimiento del sector privado, sino que tuvo también su secuela lógica en el ámbito estatal causando una menor recaudación fiscal, lo que a su vez se traduce en menos dinero para el cumplimiento de las metas sociales públicas.
A la desaceleración se sumó el contexto internacional complicado. De acuerdo con la última revisión del Banco Central del Paraguay (B), la proyección de expansión del producto interno bruto (PIB) para este año se redujo del 3,2% al 1,5%. Anteriormente había reducido del 4% al 3,2%.
En medio de este desalentador panorama, se vino la crisis política desatada por el acta bilateral de Itaipú y la economía, que debería empezar a reactivarse en este segundo semestre está, preocupantemente, en luz amarilla.
Esta inestabilidad que se siente ahora en el ambiente complica aún más la realidad económica. Si la debilidad institucional es ya un elemento que genera cuestionamientos por parte de las calificadoras de riesgo en sus informes sobre nuestro país, las últimas semanas solamente ayudaron a agravar estas críticas.
La clase dirigencial y los altos mandos del poder, al parecer, no están dimensionando las tremendas consecuencias que estas crispaciones podrían tener en nuestro país.
Las noticias que hablan de traición a la patria, corrupción en la claque gubernamental y el cháke del juicio político a los líderes del Ejecutivo a menos de un año de haber asumido, se multiplicaron en los medios internacionales. Esto evidentemente llega tarde o temprano a oídos de los inversores y termina por restar credibilidad a nuestro país.
El impacto directo de esto podría ser, entre otros, la disminución de la inversión industrial extranjera en nuestro país y hasta tasas de intereses más elevadas en futuras emisiones internacionales de bonos soberanos, siendo el sector industrial uno de los mayores empleadores del país y los bonos soberanos el principal instrumento financiador de las obras públicas, no hace falta decir más para entender el problemón.
A todo esto, hay que agregar la cantidad de proyectos y planes económicos que están parados y esperan el cese de esta convulsión para seguir avanzando. Algunos de estos son: la reforma tributaria, que está sancionada casi en un 99% y solo aguarda turno en el Senado para definir los techos arancelarios; la reforma del gasto público, cuyo pacto entre poderes debía firmarse hace unos días; el decreto que reordenará las compras públicas, que solo espera la firma del presidente Abdo Benítez; y el acuerdo automotor con Brasil y Argentina, negociaciones que debían haber empezado entre fines de julio e inicios de este mes.
Entre todo este enredo, van creciendo las versiones de cambios en el timón económico. Los rumores de que el ministro de Hacienda y titular del Equipo Económico Nacional (EEN), Benigno López, será removido en los próximos días se suman a la inestabilidad y no generan tranquilidad en los agentes. Es que, si bien se cuestionó la capacidad de López para frenar el bajón, la mayoría de los agentes consideran que un cambio a estas alturas es como volver a arrancar un vehículo con la batería casi por acabarse.
Las negociaciones sobre el acta bilateral de Itaipú fueron evidentemente mal llevadas por nuestro Gobierno, eso es innegable. El documento no estaba acorde con los intereses nacionales y raya una situación de conjura que lesiona la confianza popular depositada en las autoridades del Ejecutivo.
No obstante, es urgente que el impase pueda ser solucionado definitivamente y se dé vuelta la página. Una economía debilitada por este tipo de situaciones, es lo que menos necesita ahora mismo la gente que vive del día a día, las familias que hicieron sus proyecciones con otros escenarios y hasta el mismo Gobierno, que necesita un impulso para recuperar la confianza perdida.