La jueza Rosa Weber atendió así una solicitud de la Fiscalía General de Brasil, que dijo no haber encontrado pruebas contra Bolsonaro, que había sido denunciado en relación con ese caso por una comisión del Senado que investigó la errática gestión del Gobierno frente a la pandemia.
La Fiscalía se apoyó en un informe de la Policía Federal, que descartó presentar cargos contra el líder de la ultraderecha sobre este asunto, que se refería a una negociación con representantes locales del laboratorio indio Bharat Biotech para la posible compra de la vacuna Covaxin.
La comisión parlamentaria concluyó que Bolsonaro había sido informado por un diputado de presuntas irregularidades en esas negociaciones y no había alertado de las mismas a las autoridades policiales.
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La Policía reconoció que existen “indicios” de que el gobernante fue informado, pero aún así estableció que, según las leyes, no tenía ninguna obligación de denunciar el caso.
Las negociaciones estaban en curso cuando fueron denunciadas las supuestas irregularidades por la comisión del Senado, pero una vez reveladas, el Gobierno canceló las tratativas, lo cual también fue contemplado por la Fiscalía General para sostener que no hubo delito.
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La comisión presentó nueve acusaciones contra el mandatario y de su Gobierno por la gestión de la crisis sanitaria que, al día de hoy, ha causado en Brasil más de 662.000 muertes y 30 millones de casos, lo que lo mantiene como uno de los países más afectados por la pandemia, detrás de Estados Unidos y la India.
La más grave, que se refiere a “crímenes contra la humanidad”, aún no ha sido analizada por la Fiscalía General.
