Todas las miradas estaban puestas en la decisión del Tribunal Correccional de París, máxime cuando la política de 56 años es una de las favoritas para la próxima presidencial, a la que ya no podrá presentarse el centroderechista Emmanuel Macron.
La Justicia le impuso cinco años de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo, de aplicación inmediata, y cuatro de prisión, aunque solo la obliga a cumplir dos a domicilio y con pulsera electrónica cuando la sentencia sea firme.
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“Además del riesgo de reincidencia, el tribunal tuvo en cuenta la importante amenaza para el orden público, en este caso que una persona condenada en primera instancia sea candidata a la elección presidencial”, justificó la presidenta del tribunal Bénédicte de Perthuis.
Tras conversar brevemente con su abogado, la líder parlamentaria de Agrupación Nacional (RN) abandonó el tribunal sin esperar las penas. A las 20:00 (18:00 GMT), dará una entrevista en la cadena TF1.
Recurso
La Justicia procesó entre septiembre y noviembre a Marine Le Pen, a su partido y a otras 24 personas por pagar con el dinero del Parlamento Europeo a los empleados de su formación entre 2004 y 2016. Todos fueron condenados.
Según la investigación, el partido puso en marcha de “forma concertada y deliberada” un “sistema de malversación” de los 21.000 euros (22.700 dólares) al mes con los que cuenta cada eurodiputado para pagar a sus asistentes parlamentarios.
Pero el tribunal consideró que “en realidad” trabajaron para el partido Frente Nacional (FN), rebautizado RN en 2018, que se habría ahorrado importantes sumas de dinero con esta práctica prohibida por la legislación europea.
Dar marcha atrás a la inhabilitación inmediata se anuncia complicado. El abogado de Le Pen, Rodolphe Bosselut, anunció que recurrirán la condena, pero la sentencia en apelación podría llegar unos pocos meses antes de la presidencial. Un recurso en casación alargaría aún más el fallo final.
"¡Yo soy Marine!”
Le Pen siempre defendió su inocencia y, en noviembre, cuando se conoció el pedido de penas de la fiscalía, ya denunció que se buscaba su “muerte política”. Entonces, recibió el apoyo del actual ministro de Justicia, Gérald Darmanin.
La artífice de la normalización de la ultraderecha en Francia, tras heredar las riendas del partido de su padre Jean-Marie Le Pen en 2011, recibió este lunes el apoyo de sus aliados nacionales e internacionales.
"¡Yo soy Marine!”, escribió en la red social X el primer ministro húngaro, Viktor Orban. El vocero de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, estimó que “cada vez más capitales europeas toman el camino de la violación de las normas democráticas”.
Para el vicepresidente italiano, Matteo Salvini, la condena es una “declaración de guerra de Bruselas”, mientras que el líder del partido ultraderechista español Vox, Santiago Abascal, aseguró que “no conseguirán callar la voz del pueblo francés”.
Le Pen podrá mantener su escaño de diputada en la Asamblea Nacional (cámara baja) sa, pero se arriesga a perderlo si Macron convoca elecciones legislativas anticipadas, como en 2024, ante la ausencia de una mayoría parlamentaria.
Plan B, de Bardella
La ejecución inmediata de la inhabilitación frustra la ambición presidencial de la finalista en 2017 y 2022. Según una encuesta de Ifop publicada el domingo, obtendría entre el 34 y 37% de votos en primera vuelta.
Muestra del asentamiento de la ultraderecha en el panorama político, su partido se impuso en las elecciones europeas de junio de 2024 en Francia con más del 30% de votos y, tras las legislativas sas de ese año, es el primer grupo opositor.
“Hoy no es solo Marine Le Pen la que ha sido injustamente condenada. Es la democracia sa la que ha sido ejecutada”, denunció este lunes el presidente de RN, Jordan Bardella, quien a sus 29 años se erige ahora como la alternativa presidenciable.
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Un reciente sondeo de Ipsos lo coloca como el político que generaría más satisfacción si fuera elegido presidente en 2027. “La mala noticia para ellos es que (...) no podrán librarse de Jordan”, advirtió en noviembre Le Pen.
Sus rivales llamaron globalmente al respeto de la decisión judicial, salvo el líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon, para quien “la decisión de destituir a un cargo electo debe corresponder al pueblo”.
Fuente: AFP.
