El Juzgado Penal de Garantías del Crimen Organizado, a cargo de la jueza Rosarito Montanía, hizo entrega este lunes a través de la actuaria judicial Jessika Verocay, de 24 vehículos que fueron incautados en los distintos allanamientos realizados en el marco del Operativo A Ultranza PY, la Secretaría Nacional de istración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
Entre los lujosos vehículos se encuentran dos automóviles de la marca Lamborghini, uno de ellos modelo huracán de color blanco, que ronda entre los USD 450 mil a USD 500 mil y otro modelo 140 Gallardo, color naranja, año 2009. También figuran un automóvil de la marca BMW, modelo M44, color negro, año 2022; una camioneta de la marca BMW, modelo Q6, color gris, año 2021; entre otras camionetas de la marca Hyndai, Toyota, Mercedes Benz, Volkswagen, Mahindra, entre otros.
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Los vehículos, que fueron incautados en el marco de la investigación caratulada Miguel Ángel Insfrán Galeano y otros sobre tráfico de drogas y lavado de dinero, fueron trasladados de la sede de la Fiscalía General del Estado a los depósitos habilitados por la Senabico.
La magistrada dictó la medida cautelar de prohibición de innovar el estado Jurídico y la prohibición de contratar sobre los citados vehículos, declarándolos bienes sujeto a eventual comiso, informó la Corte Suprema de Justicia.
“La finalidad de esta medida cautelar de secuestro, es asegurar que los bienes sujeto a eventual comiso, puedan ser conservados de la mejor manera posible, evitando su destrucción, inutilización o desvalorización económica, cuya istración, mantenimiento, preservación y custodia quedará a cargo de La Secretaría Nacional de istración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico)”, expresa parte del documento.
Para su cumplimiento, la actuaria judicial se constituyó en el estacionamiento de la Fiscalía General de Estado, lugar donde se encuentran depositados los bienes incautados en donde verificó el estado de los rodados e hizo entrega inmediata a la Senabico.
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La jueza dictó las medidas cautelares de prohibición de innovar el estado jurídico de los vehículos, como así también la prohibición de contratar, pues la finalidad de estas medidas es el aseguramiento, custodia o control temporal de los bienes, que eventualmente serán comisados, inhibiendo temporalmente su disponibilidad, que pasan en poder y disposición de la Justicia, antes de que se produzca el pronunciamiento judicial definitivo sobre los mismos.
