Con 45 votos en contra de la versión de los senadores, los diputados aprobaron una versión del proyecto de ley de paridad hecha en la Cámara Baja. Según mencionaron los diputados, el artículo modificado fue el primero. Solo quedaron tres de los dieciocho aprobados por la Cámara Alta.
El estudio del proyecto se realizó en una sesión extraordinaria, como único punto en el orden del día.
El proyecto de ley que había obtenido media sanción de la Cámara de Senadores tuvo un gran cuestionamiento por parte de los diputados colorados, quienes en su mayoría sostuvieron que el documento cambiaría el sistema actual por uno del cuoteo por sexo, considerándolo como una discriminación hacia las mujeres, que tienen las mismas capacidades que los hombres.
El legislador colorado José María Ibáñez ratificó su argumento en contra de la normativa por considerar que la misma es iniciativa de sectores que promueven el matrimonio entre personas del mismo sexo, la legalización del aborto, entre otros.
Ibáñez abogó por el rechazo del proyecto planteando que muchas mujeres han ocupado espacios públicos, istrativos, comerciales, entre otros, gracias a su lucha, a su esfuerzo, y que nunca necesitaron más que de su propia capacidad.
“Esto es un insulto hacia aquellas mujeres que lograron metas en la función pública o en otros ámbitos por méritos propios, porque suplanta cuota por habilidad y capacidad propia”, expresó.
En ese sentido, la legisladora Olga Ferreira aseguró que el proyecto se encuentra en una misma lata junto con proyectos a favor del aborto, instalados en América Latina.
Por su parte, el diputado Víctor Ríos fue entre los exponentes el único que defendió el proyecto y calificó de “discurso satanizante” lo explicado por Ibáñez.
“Es importante debatir con claridad, sostengo que la intolerancia a los que piensan distinto es lo grave, los que piensan que los que apoyan esta ley son abortistas y tienen abiertas las puertas del infierno. Me hace recordar a la edad media, cuando terminaron matando a las personas en nombre de Dios”, insistió.
La normativa se basa en los artículos 46 y 48 de la Constitución Nacional y estipula que en las agrupaciones políticas, las organizaciones intermedias que se rijan por disposiciones del Código Electoral, los órganos colegiados, el Gabinete del Ejecutivo, así como en la contratación del funcionariado público, deberá aplicarse la paridad y la alternancia hombre-mujer.
El documento reconoce que la participación de ambos sexos en igualdad de condiciones constituye un derecho fundamental de una sociedad democrática, representativa, participativa e inclusiva sobre la base de principios de igualdad y no discriminación conforme a la Constitución Nacional.
Modelo actual
Actualmente, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) exige un 20% de participación de mujeres en las listas presentadas por los partidos, alianzas y concertaciones. Las agrupaciones apenas cumplen y las candidatas son ubicadas en los peores lugares, disminuyendo así su posibilidad de lograr una banca en el Congreso.
En las elecciones pasadas, de 125 lugares en la Cámara de Senadores y de Diputados, solo 21 fueron ocupados por mujeres.
