“Es un desafío enorme, por los intereses en juego, por la expectativa ciudadana y por el momento histórico. Todo eso vamos a tener en cuenta para hacerlo responsablemente”, expresó Carolina Llanes, quien intervendrá este miércoles la Municipalidad de Ciudad del Este.
En o con radio Monumental 1080 AM, la ex jueza detalló que su equipo está conformado por 20 profesionales y se realizarán trabajos paralelos en Asunción, dado que existen documentaciones tanto en Contraloría como en la Fiscalía.
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“Tenemos equipo en Ciudad del Este y Asunción porque hay documentos en ambos lugares. Primero vamos a constituirnos y verificar cuáles son los documentos que vamos a necesitar para el relevamiento de datos”, explicó.
En ese sentido, aclaró que la intendenta Sandra McLeod también podrá contar con tres representantes que acompañen el proceso.
La intervención se puede prolongar entre 60 y 90 días. Deberán investigar 16 puntos de las denuncias presentadas, entre ellas, una malversación de fondos de más de G. 30.000 millones. La pelea en CDE data de hace varios meses entre los concejales y la jefa comunal.
¿Cómo será la intervención?
Mientras dure la intervención en la Municipalidad de Ciudad del Este, Sandra McLeod, cuya renuncia aún debe ser analizada por la Junta Municipal, quedará suspendida en sus funciones.
La tarea del interventor será implementar los mecanismos y procedimientos necesarios para comprobar y aclarar los hechos que motivaron la intervención de la Comuna.
Si el proceso hubiere sido motivado en la existencia de grave irregularidad en la ejecución presupuestaria o en la istración de los bienes, denunciada por la Junta Municipal (como es el caso), el interventor podrá solicitar el concurso de la Contraloría General de la República, para que esta asesore y dictamine al respecto.
Asimismo, podrá suspender por causa debidamente justificada en sus funciones al personal istrativo de la Municipalidad intervenida por el tiempo que dure la intervención. Pero en ningún caso podrá despedirlos.
Una vez que se cumpla el plazo establecido, el interventor deberá elevar su dictamen al Poder Ejecutivo, con el que hubiere producido la Contraloría General de la República, dentro del plazo de sesenta días, a partir de la fecha en que tomó posesión del cargo, y el Poder Ejecutivo deberá remitirlo de inmediato a la Cámara de Diputados.
La ley plantea igualmente que una vez recibidos los dictámenes, la Cámara de Diputados podrá resolver por mayoría absoluta la destitución del intendente municipal.
