Marcelo Martínez denunció ante la Comisaria 57ª, del barrio Cañadita, de la ciudad de Ñemby y la Fiscalía de la zona un ataque por parte de desconocidos que atacaron su domicilio con piedras y armas de fuego.
“En horas de la madrugada, a las 1.15, aproximadamente, vinieron a bordo de una motocicleta. Lanzaron una piedra contra el parabrisas trasero de mi auto, por la ventana de mi casa y realizaron disparos de armas de fuego sobre mi techo”, narró el joven.
La víctima mencionó que los atacantes desenfundaron todas las balas que tenía el arma y momento después se dieron a la fuga. En la casa también se encontraba una niña de 7 años y los padres del denunciante.
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“Yo hice la denuncia a las 2 de la madrugada. Hasta el momento no han venido a apersonarse a mi casa los de la Fiscalía, solo los agentes de la Policía y Criminalística y se tomaron los videos del circuito cerrado para ver quiénes fueron”, reclamó Martínez.
El joven señaló que no es la primera vez que sufre de un ataque, por lo que este jueves realizarán una manifestación a las 16.30 por la paz, con remeras blancas, para que ya no haya atentado contra los manifestantes, informó la periodista de Última Hora Liz Acosta.
“Yo directamente le responsabilizo al clan Lanzoni, yo no tengo adversarios, no tengo enemigos”, explicó Martínez, quien afirmó que el ataque se dio a pocas horas de realizarse un escrache en la casa del intendente de Ñemby, Lucas Lanzoni.
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Desde marzo que del Contraloría Ciudadana de Ñemby y de ciudadanos autoconvocados de Ñemby realizan manifestaciones en contra del intendente Lucas Lanzoni y el senador Blas Lanzoni, su padre.
Los ciudadanos denuncian que existen indicios de supuesta falsificación de firmas, sobrefacturación en construcciones, obras fantasmas, fiestas de políticos pagadas con dinero público, entre otras cosas.
El intendente fue denunciado por lesión de confianza, asociación criminal, istración en provecho propio, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, por supuestamente utilizar empresas de maletín para desviar fondos municipales.
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Sin embargo, los dirigentes de las organizaciones argumentan que las investigaciones no avanzan y que hasta la fecha no hay imputaciones a pesar de las pruebas.
