El grupo Lince de la Policía comenzó a operar hace poco más de un año y desde entonces estos agentes policiales que patrullan áreas urbanas en motocicletas, usando pasamontañas y armas automáticas, han logrado reducir drásticamente los índices delictivos, al menos de acuerdo con las estadísticas oficiales. Según el Ministerio del Interior, la “unidad táctica motorizada” incidió sobre todo en la disminución de asaltos callejeros, usualmente cometidos por motochorros. Semanas atrás, por ejemplo, el Gobierno informó que hubo “cero denuncias” contra motochorros en Asunción en febrero.
De forma paralela, en el año que pasó, los agentes de esta nueva unidad –todos entrenados por instructores panameños– protagonizaron una serie de episodios en los que dejaron al descubierto que algunos de los peores vicios de la Policía Nacional siguen vigentes incluso en un grupo de élite formado por extranjeros.
Detuvieron y golpearon a una chica trans de manera completamente arbitraria, bajo la excusa de que estaba en “actitud sospechosa"; fueron filmados agrediendo sin motivo alguno a un joven en la calle; también fueron grabados actuando con suma prepotencia, obligando a transeúntes a realizar flexiones para seguir su camino.
Hace unas semanas obligaron a un muchacho a sacarse un piercing y no solo se escudaron en excusas ridículas, sino que fueron justificados por el propio Gobierno. El ministro del Trabajo perdió una brillante oportunidad de quedarse callado e hizo gala de su ignorancia, al relacionar los piercings con enfermedades mentales. En el último caso que atañe a este grupo, una adolescente resultó herida luego de que agentes de civil realizaran un disparo en medio de una riña.
Si bien ninguno de estos episodios tuvo un desenlace realmente grave, son suficientes para detectar que, al igual que en el resto de la Policía, la prepotencia y el abuso de autoridad son claros problemas dentro del grupo Lince.
Paradójicamente, cada vez que los agentes son acusados de violencia policial, reciben más apoyo popular en las redes sociales. Los defensores de la “mano dura” contra la delincuencia forman fila para aplaudirlos y acallar a quienes criticamos la aparatosidad y el abuso de poder. La violencia los obnubila. Cada agresión arbitraria está justificada bajo la idea de que ayuda a reducir la cantidad de crímenes. El grupo Lince permite contemplar, una vez más, lo arraigada que está la cultura autoritaria en nuestra sociedad.
En realidad, no conocemos otra forma de actuar de los organismos de seguridad que no sea el de la “mano dura”. Nuestras cárceles ya no dan abasto de tantos presos. Entre 1995 y 2017, la población penitenciaria aumentó en 464%. De cada diez presos, solo dos fueron encontrados culpables del delito por el cual están procesados. Las condiciones de encierro son cada vez peores y en los últimos años la cantidad de muertos dentro de los penales se disparó. La “mano dura” rige nuestro sistema penal desde hace mucho tiempo.
El trabajo del Grupo Lince debe ser aplaudido cuando es desarrollado correctamente y criticado cuando no. La reducción de los índices delictuales es importante, pero esto no puede dar pie al abuso de autoridad e impunidad.
La crítica y el control ciudadano mejorarán, sin duda, la labor policial. Cuestionar una de las instituciones menos creíbles del país no implica estar a favor de la delincuencia. Vale aclararlo en tiempos donde la gente parece dispuesta a recibir un apysarapo en pos de la seguridad ciudadana.