El futuro ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, anunció que la Fuerza de Tarea Conjunta permanecerá en el Norte del país hasta acabar con el Ejército del Pueblo Paraguay. No obstante, advirtió que el próximo gobierno realizará “cambios contundentes” en el grupo híbrido de militares y policías que operan principalmente en Concepción y San Pedro. La FTC fue creada a instancias del presidente Horacio Cartes, poco después de su asunción al mando en el 2013. Con el reciente anuncio de su continuidad en el gobierno que se viene, es importante saber cuáles fueron los resultados que tuvo en estos casi cinco años de existencia.
Primero, se debe señalar lo más importante y obvio: La violencia de los grupos armados que operan en determinados puntos del país aumentó. Solamente durante el periodo de este Gobierno, estas bandas cometieron al menos ocho secuestros. A esto hay que agregar que nunca antes hubo secuestros tan largos: Félix Urbieta está en cautiverio desde hace 570 días y Edelio Morínigo está desaparecido desde hace más de tres años. En el caso de Edelio, a pesar de que militares entregaron a su familia un supuesto documento impreso del EPP en el que se informa sobre su muerte, la FTC oficialmente aún no lo considera como un fallecido.
La violencia no se limita a los secuestros, claro: Más de 40 personas murieron asesinadas por el EPP o alguna de sus escisiones desde el 2013. Este dato es significativo si lo colocamos en el contexto histórico. Desde el 2004 a la fecha, este grupo armado mató a unas 60 personas, lo cual implica que hubo una escalada de crímenes durante este Gobierno. Durante el periodo de Nicanor Duarte Frutos, el EPP mató a tres personas; en el de Fernando Lugo, a 14, y durante la época de Federico Franco (en apenas un año de gestión), a siete, según los archivos periodísticos.
Por supuesto que no es razonable atribuir el aumento de los secuestros y los asesinatos a la FTC. Los crímenes son responsabilidad de los criminales. Sin embargo, los números muestran que la militarización de ciertas zonas donde el EPP tendría influencia no significó una disminución de golpes de los grupos armados.
A todo esto hay que sumar casos que arrojan un manto de sospechas a la FTC: Desde las denuncias que señalan que el capitán Enrique Daniel Piñánez murió en un complot para acallar sus denuncias de corrupción interna, hasta el penoso episodio en el que militares entregaron a la familia de Edelio Morínigo un papel que decía que su hijo murió, pero no mostraron ninguna evidencia más, solo el pedazo de papel con la inscripción: “Restos de Edelio Morínigo, favor entregar a la familia”. A este episodio le siguió un aparatoso despliegue de helicópteros y militares en una zona boscosa, donde supuestamente los epepistas estaban atrincherados. Horas después, los guerrilleros nuevamente escaparon del cerco militar y policial.
Otro elemento que socava la credibilidad de la FTC es su falta de transparencia. Solo este año recibirá cerca de 14 millones de dólares del presupuesto; sin embargo, son constantes las denuncias de propios de la FTC acerca de las pésimas condiciones en las que trabajan.
Los cambios que planea el próximo gobierno en la lucha a grupos armados en el Norte del país deben ser realmente contundentes. De lo contrario, nos esperan cinco años más de decenas millones de dólares gastados en una estrategia ineficaz que a la larga solo perjudica a las poblaciones más vulnerables de la zona de influencia del EPP.