Tras el veto del Poder Ejecutivo a la ley que establecía la transferencia de las tierras conocidas como Marina Cué, los campesinos de la zona consideraron que el rechazo se dio por presión de intereses económicos al presidente Mario Abdo.
Ante esto, la presidenta del Instituto Forestal Nacional (Infona), Cristina Goralewski, aclaró que la decisión se tomó a raíz de que se constató que la ocupación en la zona es ilegal e incluso se transgrede a la Ley de Deforestación Cero, que está vigente desde el 2004.
Además, la alta funcionaria mencionó que las tierras en cuestión formaban parte de la zona boscosa, donde no estaba autorizado el cambio de uso de suelo.
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“En esa zona hay todavía bosques, esto hasta el año 1992 era todo bosque y en ese año se realiza una habilitación de 806 hectáreas, pero esa habilitación se realizó de forma ilegal”, recordó la funcionaria en entrevista con Monumental 1080 AM.
Goralewski aclaró que, según estudios realizados en la institución, en 2004 las tierras todavía eran un campo natural, mientras que en el año 2014 se inició el cambio de uso de suelo pese a la vigencia de la Ley de Deforestación.
“Esas son áreas que deben ser destinadas al confinamiento y áreas boscosas. Son parte de aproximadamente 900 hectáreas que eran bosques. Ahí hubo un cambio de uso de suelo de 200 hectáreas, desde el año 2014, que tienen que ser llevadas a confinamientos”, sostuvo.
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La titular del Infona dijo que el Gobierno reconoce las reivindicaciones del grupo de campesinos que habita en las tierras, pero de igual manera se deben tener en cuenta las condiciones del lugar y que se violó la legislación contra la deforestación.
“Esto es un problema que se arrastra desde hace muchos años. Nosotros intentamos llegar al lugar y no pudimos ingresar y ya data desde el 2015 que se está violando la ley. Las consecuencias son istrativas y en el ámbito del Ministerio Público van penas de de 3 a 8 años de cárcel”, agregó.
Finalmente, la secretaria de Estado anunció que se realizará un diagnóstico en la zona ocupada y se verá si existe capacidad de regeneración natural o se deberá aplicar un proceso de reforestación.
Este miércoles, asesores de la presidencia anunciaron que Mario Abdo Benítez ya firmó el decreto por el cual se veta totalmente la ley que buscaba transferir al Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) más de 1.700 hectáreas para convertirlas en un asentamiento.
Se trata de Marina Cué, las tierras en las que el 15 de junio de 2012, 11 campesinos y seis policías murieron en un enfrentamiento. La masacre derivó en la destitución de Fernando Lugo como presidente de la República. Actualmente, las tierras son ocupadas por varias familias.
La decisión fue tomada a pesar de que el propio Abdo Benítez había festejado cuando el Congreso sancionó el proyecto de ley en diciembre pasado. Incluso, el jefe de Estado consideró que se trataba de una reivindicación histórica.
