Se trata de la ley por la cual se implementan medidas transitorias de contingencia para la comercialización del diésel tipo III y la nafta de 93 octanos por parte de Petropar y se establecen medidas de racionalización del gasto público y otras orientadas a la eficiencia de los procesos de compra pública para la provisión de combustibles derivados del petróleo.
El documento fue sancionado el jueves por el Congreso Nacional y este viernes fue promulgado por el Poder Ejecutivo.
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, firmó en la mañana de esta jornada el decreto por el cual se promulga la Ley 6900, respectivamente.
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La normativa también contempla la eliminación de todos los cupos de combustibles que tienen las autoridades públicas, con lo que esos recursos serán redireccionados al subsidio.
Además, establece que la financiación se hará con ajustes del impuesto selectivo al consumo (ISC) a los propios combustibles, cuya base imponible fue reducida a inicios de febrero para contener los aumentos de precios, que escalaban en el mercado internacional.
Anteriormente, el Ministerio de Hacienda y Petropar también acordaron eliminar las transferencias intergubernamentales, lo que representa aproximadamente USD 2 millones por mes para los fondos.
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La reciente ley promulgada incluye que Petróleos Paraguayos pueda empezar a comprar carburantes directamente de los países productores, exceptuando a los gobiernos extranjeros de presentar declaraciones juradas de bienes y rentas.
Esto último busca abaratar los costos de importación, a fin de que el precio de venta sea menor en Paraguay.
El Parlamento descartó la creación del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles del Paraguay (Fondey) que planteó el Ejecutivo y con esto dejó sin efecto la utilización de un préstamo de USD 100 millones y el ajuste al impuesto del tabaco como otra opción de financiamiento.
