Con un ataúd con la leyenda “descansa en paz jubilación del IPS”, varias organizaciones se congregaron en el microcentro de Asunción para rechazar el proyecto de ley que crea la superintendencia de pensiones y jubilaciones.
Los trabajadores y trabajadoras se reunieron desde las 8:00 en la Plaza Uruguaya. Desde ahí marcharon hasta la sede del Congreso Nacional.
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El sector rechaza la propuesta del Poder Ejecutivo y advierte que habrá cierre de rutas en caso de que el documento obtenga media sanción.
“Los Fondos no se tocan”, es el mensaje plasmado en remeras y carteles de las organizaciones que se sumaron a la protesta.
Para el dirigente de la Corriente Sindical Clasista, Eduardo Ojeda, el proyecto de ley pretende saquear las cajas y utilizar los fondos de jubilaciones para pagar cuantiosas deudas.
El documento por el cual se “reglamenta el rol supervisor del Estado a las Entidades de Jubilaciones y Pensiones” tiene como objetivo la regulación y supervisión prudencial de la istración de recursos financieros y no financieros de las entidades las cajas públicas y privadas, de manera a proteger el ahorro de los afiliados activos, jubilados y pensionados, según argumenta el texto.
Fueron varios los intentos de crear una Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones desde el 2015 a la actualidad. Aunque el proyecto promete que no implica modificaciones estructurales en el sistema, organizaciones de trabajadores y legisladores advierten sobre un alto riesgo que correrán los fondos.
Las senadoras Esperanza Martínez, del Frente Guasu, y Kattya González, de Encuentro Nacional, coinciden en la posición de que esto pretende habilitar el uso de los fondos jubilatorios al Gobierno.
Martínez habla de un riesgo de migración hacia el sistema privado de pensiones, mientras que González arremetió incluso contra las recientes modificaciones introducidas que “buscan aclarar” las dudas.
El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, defiende férreamente el proyecto y afirma que hay “gente malintencionada” que interpreta de forma incorrecta el documento. Aseguró que el proyecto no habilita al Instituto de Previsión Social a prestar recursos al Estado y que más bien se intenta combatir la corrupción en las cajas jubilatorias.
