Elmar Deggeller, director de istración y Finanzas del MEC, explicó este miércoles que el desembolso de los fondos de la Unión Europea a la cartera estatal tiene dos tramos, que son para el 2022 y 2023.
“Uno que se debía dar el año pasado, pero se postergó para este año y se insertó nuevamente al presupuesto 2023. En ese desembolso había una previsión de G. 45.000 millones para el pago de alimentación escolar para Asunción”, señaló el funcionario a radio Monumental 1080 AM.
Pero, como en 2022 no se desembolsó, el Ministerio de Educación y Ciencias debió asumir deudas de sus compromisos contractuales.
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“Esta situación de no desembolso nos generó un déficit al inicio del 2023 para el pago a proveedores por provisión de almuerzo de G. 41.000 millones”, apuntó.
Dijo que el MEC abonó por el contrato del año pasado, pero que para este año ya se quedó sin dinero para cubrir lo pertinente a 2023.
Frente a este escenario indicó que se debió conseguir transferencia del Ministerio de Hacienda de G. 20.000 millones para seguir asegurando el almuerzo escolar en capital hasta el próximo 11 de setiembre.
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Degeller dijo que la cartera de Educación registrará un “desfasaje” en total de G. 130.000 millones, que se necesitan para este año, en lo que se termina de resolver el proyecto de ley que deroga el convenio de apoyo a la educación con la UE.
Nicolás Zárate, el titular del MEC, advirtió en una reunión con diputados en la víspera que se podrían perder G. 110.000 millones.
El estudio del proyecto está previsto para esta jornada en la Cámara de Diputados, que ya le dio media sanción a la propuesta. Para ratificarse se necesitan 41 votos.
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De reunirse esta cantidad, pasará a la Cámara de Senadores, donde se necesitan 30 votos para mantenerse en el rechazo; si no llegan a los números, será sancionado y enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.
La bancada de Honor Colorado en la Cámara de Diputados sostuvo el rechazo en su momento como pilar de campaña antes de las últimas elecciones.
Los argumentos de sectores de la sociedad civil que rechazan el proyecto aseguran que el convenio financia programas de la transformación educativa, que supuestamente pretenden introducir la ideología de género.
