“Hay un gran desconocimiento del texto del anteproyecto, ese texto cambió, habíamos presentado hace 5 años un primer texto en donde se establecían efectivamente sanciones, y se establecía un límite a las recusaciones, limites que consideramos razonables”, señaló el ministro Alberto Martínez Simón, a la par de señalar que a pesar de las críticas, “cambiamos 180 grados el proyecto” y por lo tanto es otro el que se está tratando la Cámara de Senadores.
El magistrado señaló que se trata de un proyecto que tiene dos artículos y que se cambió al 100% la propuesta, según informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.
“Estos dos artículos dicen que si se recusa a un juez el tiempo de la recusación o si se plantea una inconstitucionalidad por vía de acción o excepción el tiempo que dure una inconstitucionalidad, va a ser descontado el tiempo máximo de duración de proceso o del plazo de prescripción del delito”, explicó Simón.
Aclaró que no existe sanciones para los abogados y que tampoco se establecen limitaciones a la cantidad de recusaciones que pueden formularse.
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“Realmente lo que se dijo es ‘Recusen todo lo que quieran, planteen todas las acciones de inconstitucionalidad o las excepciones de inconstitucionalidad que quieran, el plazo máximo de duración del proceso y para su prescripción van a quedar suspendidos durante esos eventos procesales’, es todo lo que dice la ley”, expresó.
En ese sentido, destacó que la intención del proyecto es evitar que se recurra a los trámites de recusar o de plantear inconstitucionalidades tan repetidas veces, de modo recurrente, “sobre los cuales yo creo ya se ha hecho un claro abuso del derecho”, mencionó.
Otro asunto abordado por el magistrado es la intención de facilitar el a la base de datos del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), por parte de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) referente al trámite del registro de conducción.
“Nosotros manejamos el registro de Redam y una de las connotaciones que tiene es que el dato es necesario a efectos de renovar o sacar la licencia de conducir. Justamente lo que estábamos coordinando es un informático a la base de datos por parte de la Opaci, para que las personas que saquen el registro o que renueven tengan que tener la constancia de no estar inscriptos”, explicó Simón.
El magistrado explicó que la Corte cumple con la ley en el sentido de disponer esa información en la página web. “Con la consignación del dato correspondiente, que es el número de cédula, uno ya sabe si la persona está inscripta o no en el Redam”, mencionó.
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“Se está buscando a través de este trabajo mancomunado con la Opaci y con el Ministerio de la Niñez, que el mecanismo informativo de obtención de estos registros de conducir, pasen necesariamente por un chequeo de nuestra base publica de datos, de modo a tal a que las 224 municipalidades que están trabajando con Opaci puedan a través de ese mecanismo obtener el dato inmediatamente si la persona está registrada”, detalló Simón.
Seguridad jurídica
El magistrado abordó además la seguridad jurídica y afirmó que le gustaría que desde adentro se viera al Paraguay “como nos ven los extranjeros”.
“Uno ve informes económicos de la Argentina, del Brasil, de Organismos internacionales sobre Paraguay y hablan de un país en franco despegue económico, desarrollo económico, con una de las economías más fuertes de Latinoamérica, con una de las economías más sólidas de la región sino la más y eso no se da sin seguridad jurídica, eso tenemos que ser muy claros”, destacó.
A pesar de eso, señaló que aún hay mucho por mejorar tanto a nivel del Poder Judicial, como a nivel país e incluso de seguridad en general.
“Convengamos que no estamos tan mal como nos miramos, hay muchas cosas que mejorar pero evidentemente el capital no va a venir al Paraguay a invertir como está invirtiendo, no vamos a tener las obras que estamos viendo. Asunción hoy día parece una ciudad en franco desarrollo y eso se evidentemente porque el capital está confiando en radicar acá esas inversiones”, afirmó el magistrado.
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En esa línea, manifestó que está comprobado a nivel mundial que en economías sin un mínimo de seguridad jurídica no es posible que existe alta inversión extranjera.
“Realmente a mí me sorprende mucho como los paraguayos nos vemos siempre tan mal y de afuera nos ven tan bien”, acotó.
