02 jun. 2025

Ministro de Justicia se “rodeará" de asesores al ser inexperto en seguridad

El nuevo ministro de Justicia, Édgar Olmedo, aseguró que su trabajo seguirá en la misma línea que la ministra saliente Cecilia Pérez. No obstante, reconoció que no cuenta con experiencia en el área de seguridad, pero prometió rodearse de los mejores asesores.

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Édgar Olmedo (izquierda) y Federico González, asumieron como ministros del Ejecutivo.

Foto: Daniel Duarte.

Édgar Olmedo juró este miércoles como nuevo ministro de Justicia, en reemplazo de Cecilia Pérez, quien pasó a ocupar el rol de asesora de Seguridad en el Poder Ejecutivo, tras la destitución del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio.

El secretario de Estado conversó con los medios de comunicación tras asumir en el cargo y habló sobre sus objetivos en el Ministerio de Justicia.

Aseguró que se buscará dar prioridad a las obras de las nuevas penitenciarías, el fortalecimiento institucional y la profesionalización de los recursos humanos.

Lea más: Mario Abdo toma juramento a nuevos ministros tras caída de Giuzzio

Por otro lado, afirmó que con las nuevas penitenciarías se podrá descomprimir las cárceles que están hacinadas.

“Sabemos que los grupos criminales permearon en el sistema penitenciario y se debe trabajar de forma coordinada con los organismos de seguridad. Buscamos que haya un control permanente sobre las penitenciarías”, dijo.

Por otro lado, adelantó que se buscará diferenciar a los presos que aún no tienen condenas y se trabajará con el Poder Judicial para acelerar los procesos.

Sin experiencia

Édgar Olmedo aseguró que su experiencia como abogado penal le hace sentirse capaz de asumir el desafío, sin embargo, reconoció que no cuenta con experiencia respecto a organismos de seguridad.

En el mismo sentido, afirmó que tiene conocimientos en el manejo de conflictos y se rodeará de asesores que le puedan dar el soporte técnico para ejercer el cargo de la mejor manera.

Olmedo renunció como presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), tras una gestión marcada por las constantes movilizaciones de las comunidades nativas y críticas hacia su gestión.

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