El fiscal Eugenio Ocampos, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra la Seguridad y la Convivencia de las Personas, tomó declaración a monseñor Edmundo Valenzuela tras un escrache en su contra que derivó en la detención de dos personas.
Lea más: “Policías se excedieron con escrachadores de Valenzuela”, dice Casañas Levi
El escrache fue realizado en contra del líder religioso por un grupo de personas autoconvocadas, tras no pronunciarse a favor del pedido de juicio político contra el primero y segundo del Ejecutivo, Mario Abdo Benítez y Hugo Velázquez, respectivamente, por el acuerdo sobre Itaipú.
Según el comandante de la Policía Nacional, Walter Vázquez, los hombres escupieron al monseñor y a consecuencia de eso fueron detenidos.
Valenzuela manifestó no haberse sentido agraviado, además tampoco escuchó o sintió algo como un escupitajo. Aclaró que no recibió ninguna agresión física, aunque sí verbales por parte de varias personas desconocidas.
Entérese más: Detienen a dos manifestantes tras escrache a monseñor Valenzuela
La diligencia fue realizada en el marco de una denuncia hecha por la Policía Nacional, por supuesta agresión a Edmundo Valenzuela, tras una misa realizada el jueves 15 en el centro de Asunción, informaron desde la Fiscalía.
Las dos personas detenidas fueron identificadas como Cándido Alberto Brizuela, de 53 años, y Sebastián Fabián Schiavo Alonso, de 63 años, de la Comisión Escrache Ciudadano.
Ambos fueron liberados posteriormente por la Fiscalía, tras constatar con imágenes del Sistema 911 que no se había producido la comisión de un hecho punible.
En el caso, se dio intervención a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público, que verificó el estado de salud de Brizuela y Schiavo.
Le puede interesar: Liberan a manifestantes que escracharon a monseñor Valenzuela
Los manifestantes exigieron al religioso a que tome postura a favor del pedido de juicio político, tras la firma de un acuerdo con Brasil sobre la contratación de energía de Itaipú, que finalmente fue anulado ante las críticas de diversos sectores.
El acta bilateral desató una grave crisis en el país, que derivó en movilizaciones de diferentes sectores de la sociedad, el pedido de enjuiciamiento del presidente y vicepresidente de la República y la renuncia de las principales autoridades responsables de las negociaciones.
