El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DN), Pablo Seitz, confirmó que el presidente de la Essap, Natalicio Chase, figura como representante legal de la empresa Jonica SA, que fue adjudicada con una licitación, vía excepción, para el mantenimiento de caminos vecinales.
Seitz solicitó al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) las documentaciones de la oferta y del proveedor para corroborar el cargo que ocupa Chase dentro de la firma. Si bien el titular de la Essap figura como representante legal dentro de la página de la institución, puede que los datos no hayan sido actualizados.
El director de la DN señaló que el contrato de prestación por valor de G. 8.532.919.675 no fue firmado por el presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay, informó el periodista del Última Hora Sergio Noe.
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Al respecto, Seitz enfatizó que en caso de corroborarse que Chase se encuentra al frente de la firma privada, la DN, según su legislación, podrá anular la licitación o suspender a la firma por un periodo de tiempo para que no participe dentro de las ofertas públicas.
No obstante, la Ley de Función Pública prohíbe que un funcionario pueda dirigir, istrar, asesorar, patrocinar, representar o prestar servicios remunerados o no, a personas físicas o jurídicas que gestionen o exploten concesiones de la istración en el orden estatal, departamental o municipal, o que fueran proveedores o contratistas de las mismas.
No obstante, la normativa no menciona que los altos funcionarios puedan ser accionistas de empresas privadas.
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El caso fue denunciado por diputado Carlos Rejala, quien criticó que Chase fuera proveedor del Estado. El parlamentario afirmó que en caso de confirmarse que el presidente de la Essap estaba al frente de la firma cuando fue adjudicada el presidente Mario Abdo Benítez debe destituirlo.
“Mañana vamos a saber, por más de que nosotros ya tengamos datos extraoficiales, le va a llamar y le va a preguntar eso y en el caso de que sea, ahí Mario Abdo le tiene que destituir inmediatamente porque va a colisionar directamente con la ley funcionario público y obviamente la Constitución Nacional”, mencionó a medios locales.
Entre tantos cuestionamientos a su gestión, el presidente de la Essap también fue denunciado por la presunta sobrefacturación en una licitación de G. 3.600 millones para el mantenimiento de vehículos.
