Las rendiciones de cuentas pueden ser mensuales, trimestrales o anuales.
Los referentes sostienen que la ley de control a las organizaciones no gubernamentales, impulsada por Gustavo Leite, es innecesaria y puede generar una sobrelegislación con excesiva burocracia que podría desordenar y sobrepasar al Estado. En un informe de Telefuturo se enlistan las instituciones que reciben la documentación de las oenegés, la mayoría con fondos privados y nada de dinero público.
Son los casos de las más atacadas por el cartismo actualmente, como Codehupy, Semillas para la Democracia, Alma Cívica, el CIRD, entre otras. En cuanto a Juntos por la Educación, se financia con aportes de empresarios y cooperación internacional.
No obstante, otras, como la Opaci, sí manejan un presupuesto que proviene de dinero público, específicamente municipal, ya que recaudan alrededor de G. 18.000 millones al año por los registros de conducir, según especificó su director, Nelson Peralta.
REQUISITOS. Las organizaciones sin fines de lucro deben presentar además una serie de documentaciones, como el impuesto al valor agregado (IVA), el impuesto a la renta (IRE), agente de información, agente de retentor del IVA, informe de seguridad razonable sobre el estado de declaración sobre impuestos istrativos por la DNIT; informe según la Resolución 82, por la cual se disponen medidas istrativas; registro en Abogacía del Tesoro, Departamento de Registro y Fiscalización de Sociedades y Contraloría y registro en Aduanas. La lista es más larga, existen otras obligaciones que deben cumplir las organizaciones en cuanto a presentación de documentos y registros.
PENDIENTE. La normativa fue impulsada por el cartismo y aprobada por el Congreso, pero el presidente Santiago Peña es el que debe decidir sobre el polémico proyecto, que deja a su gobierno expuesto por la presión a nivel nacional y las advertencias de la comunidad internacional.
La ley de control a las organizaciones sin fines de lucro fue sancionada el 9 de octubre y es cuestionada por sus efectos contra la libertad de asociación.
La ley es calificada de persecutoria hacia las disidencias en la sociedad civil, ya que como indican Gafi, la OEA, la ONU, Amnistía Internacional y otros organismos, se utiliza el argumento de la transparencia y la lucha contra el lavado de dinero para establecer controles desproporcionados a las organizaciones no gubernamentales, y desalentar su participación en la sociedad, su libertad de asociación y estigmatizar el activismo público.
El senador Gustavo Leite asegura que Peña va a promulgar la ley porque la versión aprobada fue la que mandó el Ejecutivo con sus revisiones y sugerencias.
Se aplican controles tanto a las que reciben fondos públicos como privados y, sobre todo, las que tienen cooperantes internacionales. También se prevén sanciones muy duras y trámites de difícil cumplimiento, por lo que consideran que la normativa apunta a desalentar la disidencia en la sociedad civil.
Los representantes de la sociedad civil sostienen que en realidad es una venganza del cartismo y ya anuncian que si Peña no veta la ley, van a recurrir a la Corte Suprema de Justicia con acciones de inconstitucionalidad y si es posible a instancias internacionales.
