En ese contexto se redacta y negocia el Acuerdo Regional sobre a la Información, la Participación Pública y el a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, que suscribió Paraguay, pero aún no lo ratificó. Aunque varios sectores atribuyen esta iniciativa a la izquierda, el Gobierno que firmó es de bandera colorada y fue cuando el empresario y ganadero Horacio Cartes estuvo como presidente.
Al actual Gobierno solo le tocó el proceso de ratificación, pero empezó a tambalear apenas se pronunciaron los grandes productores agropecuarios y la Iglesia, que luego alegó una “confusión” respecto al contenido, por pensar que daba pie a la despenalización del aborto, aunque ningún artículo del tratado hace referencia a ese derecho.
No es de extrañar esta indecisión del Ejecutivo, pues desde que asumió se concentra en mendigar la aprobación de los sectores poderosos y, en contrapartida, mostrar sumisión ante ellos.
Entre sus más de 20 artículos, el tratado internacional contempla varios principios, como de igualdad y no discriminación, de transparencia y principio de rendición de cuentas, de no regresión y principio de progresividad, preventivo, precautorio, de equidad intergeneracional y explícitamente defiende la soberanía de los Estados, que supuestamente sería vulnerada según los grupos que no solo piden que se rechace el acuerdo, sino que se evite incluso la oportunidad de discutirlo en el Senado.
EVIDENCIA. Gremios de la industria, la producción, el comercio y los servicios, hasta el propio Ministerio de Agricultura y Ganadería, advierten que el acuerdo sería perjudicial para el país porque significaría una serie de trabas para la adopción de tecnología y el desarrollo productivo. Y hablando de tecnología, justamente un nuevo sistema satelital ayudó al Instituto Forestal Nacional a detectar el año pasado la deforestación de 8.000 hectáreas en una zona del Chaco, un daño que los negacionistas no ven y que si tenemos en cuenta la debilidad institucional, es evidente que la extensión deforestada en la Región Occidental es mucho mayor.
Es ese negacionismo el que dirige a una mayor sospecha hacia una complicidad entre sectores para no dar los siguientes pasos para el desarrollo sostenible. La existencia misma de manuales de buenas prácticas en la producción da cuenta de que debe haber una constante actualización en el trabajo agropecuario. ¿Por qué no hacerlo bajo nuevas premisas internacionales?
Aparte de los hechos, las teorías de conspiración de los detractores también son refutadas por los analistas económicos, y no solo por las oenegés ambientalistas como se intenta instalar. Contrariamente a un perjuicio, en realidad, los productos paraguayos ganarían competitividad en los mercados más exigentes del mundo y además podría influir en el a créditos internacionales, a los que tanto recurre Paraguay, debido sobre todo a la baja presión tributaria.
Es decir, tendríamos una mayor garantía de vivir en un ambiente saludable y al mismo tiempo ser compensados económicamente, y el Gobierno no puede negarnos este derecho.
En cuanto a los gremios que no le dan su visto bueno al Acuerdo de Escazú, es momento de que rescaten algo de reputación en medio de una crisis ambiental que pone en jaque la imagen del país.
